El martes, 15 de nomviembre, el gobierno de Canadá aprueba la introducción de una serie de medidas con el objetivo principal de combatir la discriminación hacia el colectivo LGTB, como la ampliación de la edad del consentimiento hasta los 16 años de edad para cualquier orientación sexual, presentando además la ministra de Justicia, Jody Wilson-Raybould, una enmienda para que el sexo anal también sea legal a esa misma edad, dado que sólo está permitido pro ley el sexo vaginal. También se ha anunciar la revisión de personas encarceladas o despedidas de sus trabajos por su orientación sexual.
A pesar de su fama de ser un país moderno y liberal, Canadá tampoco se libra de haber pensado la homosexualidad durante mucho tiempo, por lo que, en consonancia con medidas recientes de países como Reino Unido, como la Ley Alan Turing, el Primer Ministro, Justin Trudeau, ha anunciado que concedería el perdón póstumo a Everett George Klippert, condenado a cadena perpetua por haber confirmado a un agente de policía en 1965 que mantenía relaciones con consensuadas con 4 hombres. Asimismo, ha designado a Randy Boissonnault, quien se convertía el año pasado en el primer miembro del gobierno de Canadá abiertamente homosexual, para que se encargue de estudiar una disculpa y evaluar posibles compensaciones a personas homosexuales y transexuales que hayan sido discriminadas o encarceladas debido a leyes discriminatorias. «Cuando nuestro gobierno esté listo para ofrecer una disculpa, queremos asegurarnos de que sea digno de la comunidad», declaraba el Primer Ministro canadiense.
En la creencia de que las personas homosexuales representaban una amenaza para la seguridad nacional, un grupo conocido como la Sección A3 de la real Policía Montada de Canadá inicia un extenso programa de vigilancia en los años cincuenta. Si a esto sumamos que los programas para expulsar a las personas homosexuales de las fuerzas armadas perduraron hasta 1990, entenderemos que Boissonnault también vaya a examinar los despidos o dimisiones forzadas del ejército o el servicio público debido a su orientación sexual. Un informe del Fondo para los Derechos Humanos de Egale Canada, un grupo de derechos de las minorías sexuales, concluye que el gobierno tiene una estimación de que unos 9.000 funcionarios públicos han demandado al gobierno solicitando una compensación.
