El Gobierno ha expulsado de España en 2015 a dos yihadistas condenados a penas de prisión por razones de “seguridad nacional” y les ha prohibido regresar en un plazo de 10 años, según afirman fuentes oficiales de la lucha antiterrorista.
Los jueces, la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) apoyaron en diferentes informes su inmediata salida. Desde los atentados de Atocha en 2004 los Gobiernos del PSOE y PP han expulsado del país a más de 100 yihadistas. Ninguno de ellos ha regresado,
Los dos expulsados fueron obligados a salir del país a las 72 horas de dejar la prisión en la que cumplieron varios años de cárcel por delitos de terrorismo. En ambos casos fueron conducidos al aeropuerto madrileño Adolfo Suárez y embarcados en un avión rumbo a Marruecos, país del que eran nacionales.
Yihadistas expulsados de España
La expulsión de yihadistas por razones de “seguridad nacional” no es nueva. En 2014 el ejecutivo expulsó a 17 miembros de distintas células de Al Qaeda y otros grupos salafistas condenados y presos en cárceles españolas.
Diez de ellos abandonaron España por la fuerza una vez cumplidas sus condenas y alcanzada la libertad definitiva, cuatro fueron expulsados en un plazo de 72 horas por encontrarse en libertad y a uno se le sustituyó su pena por la expulsión a su país de origen, una petición habitual de sus abogados que casi nunca conceden los jueces. Todos residían en España con sus familias.
Las expulsiones se ejecutan de inmediato, en silencio y sin publicidad
Los 17 expulsados en 2014 fueron enviados a sus cinco países de origen: Argelia (2), India (1), Pakistán (8); Marruecos (5) y Túnez (1). Los ocho paquistaníes y el indio expulsados fueron condenados a penas de más de diez años de cárcel por urdir un plan para volar el metro de Barcelona.
De los 11 condenados, expulsaron a todos menos a uno que tenía la nacionalidad española. Los echaron el mismo día que salieron de prisión. Habíamos pedido la sustitución de la pena por expulsión, pero la Sala lo denegó”, afirma su letrado Benet Salellas.
El Código Penal establece que las condenas de menos de seis años a ciudadanos no comunitarios no residentes se pueden sustituir por la expulsión. Y en condenas superiores en la fase del tercer grado (semilibertad) o cumplimiento de la cuarta parte de la pena, pero en pocos casos se concede a los yihadistas sentenciados.
El abogado Salellas señala que varios argelinos expulsados han sido de nuevo detenidos al llegar a su país, juzgados y condenados. “Se plantea otro nuevo relato y les sentencia a dos o tres años más”, asegura.
