Una tasación del inmueble, diseñado por el arquitecto Alejandro Zaera-Polo y cuyo coste fue de 21,4 millones de euros, valoró la infraestructura en 16,9 millones a finales de 2013.
El Instituto de Medicina Legal, el único edificio construido de los 15 con que iba a contar el Campus de la Justicia, ha perdido un 20% de su valor desde su finalización en abril de 2010. Una tasación del inmueble, diseñado por el arquitecto Alejandro Zaera-Polo y cuyo coste fue de 21,4 millones de euros, valoró la infraestructura en 16,9 millones a finales de 2013. El edificio, en el que los Gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González (PP) pretendían agrupar las funciones del Instituto Anatómico Forense, permanece cerrado desde entonces. La Comunidad derrochó 105 millones en el complejo del campus.Un informe del 29 de julio de 2014 sobre las cuentas anuales y la gestión del Campus de la Justicia, sociedad 100% pública y dependiente del Ejecutivo autonómico, recoge cómo en octubre de 2013 un “experto independiente” —sin concretar— realizó una tasación del Instituto de Medicina Legal. La valoró, con fecha 31 de diciembre de 2012, a un precio de mercado de 18,5 millones, contabilizando en ese momento una pérdida del inmovilizado material de más de 2,4 millones, según el informe al que ha tenido acceso EL PAÍS.
Un año después, el documento, firmado por los miembros del consejo de administración de la sociedad, entre ellos el entonces consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, y la viceconsejera Elena González-Moñux —esta legislatura es diputada regional con Cristina Cifuentes— establece, tras otra tasación, el valor del edificio en 16,9 millones. La depreciación fue, en esta ocasión, de 1,6 millones. La diferencia de 4,5 millones entre el coste del Instituto del Medicina Legal y su valor tasado supone una devaluación de la propiedad del 20%.
Con una superficie de 13.536 metros cuadrados, el triple que el Anatómico Forense, el Instituto de Medicina Legal es el único edificio acabado, y sin uso, del terreno de 200.000 metros cuadrados reservado para concentrar las 19 sedes judiciales de Madrid en Valdebebas, al norte de la capital. Todos los edificios del proyecto, que costaría unos 500 millones, iban a llevar el sello de los arquitectos más vanguardistas del momento, como Norman Foster (era el encargado de las sedes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de la Audiencia Provincial) o Zaha Hadid (sede de los Juzgados de lo Social).
El PSOE denuncia el abandono y la falta de explicaciones
Mercedes Gallizo, portavoz del PSOE en la comisión de estudio sobre la auditoría del endeudamiento y la gestión pública de la Comunidad en el Parlamento regional, denuncia que el único edificio construido del Campus de la Justicia “ha ido disminuyendo su valor con el transcurso del tiempo”. La diputada socialista añade que “seguramente, si se hiciese ahora otra tasación”, el precio de mercado del Instituto de Medicina Legal sería inferior a la referencia de 2013. “Es un edificio que está sin uso y por lo tanto, va perdiendo su valor”, sentencia la responsable del partido socialista.
La parlamentaria reprocha también que no se sepa “quién hizo la última tasación que existe”. La sociedad no rindió cuentas o lo hizo fuera de plazo en sus nueve años de existencia. “El demonio está en el detalle”, razona Gallizo.
Alejandro Zaera-Polo empezó a construir el Instituto de Medicina Legal a finales de 2007 —la factura por la colocación de la primera piedra del proyecto, en enero de ese año, fue de 1,4 millones— y lo abandonó sin terminar un año después por “falta de financiación” y “agravios comparativos” con el presupuesto de otros edificios previstos. El estudio de arquitectura EACSN terminó el edificio, el único en kilómetros a la redonda y situado en medio de un secarral donde campan los conejos y otras especies silvestres de fauna y flora.
La Comunidad, con Alfredo Prada como consejero de Presidencia y Justicia, alegó en 2007 que el diseño futurista del Instituto de Medicina Legal, de forma esférica, ocho pisos y planta circular, pretendía mostrar “una asociación abstracta con el cuerpo humano, donde este y sus movimientos quedan inscritos y limitados”. El edificio albergaría zonas de histopatología, antropología y odontología forense, laboratorios, toxicología, bioquímica y hemogenética, así como el servicio de clínica forense. Además, contaría con otros servicios, como climatización, ventilación de los laboratorios, instalación solar, electricidad y alumbrado, saneamiento, protección contra incendios, cámaras frigoríficas, seguridad y siete ascensores.
Muebles a medida
El carácter singular del edificio limitó sus funciones, imposibilitando su reciclaje para otros usos, además de elevar los costes. “No es un edificio con funciones administrativas, es para muertos”, se muestra rotundo Javier Rodríguez, apoderado entre octubre de 2011 y febrero de 2013 de la sociedad Campus de la Justicia. “Los edificios circulares tienen un mayor coste de construcción y ese edificio tiene instalaciones costosísimas que se están devaluando”, zanja.
Al ser un edificio curvo, los muebles de acero inoxidable necesarios para el trabajo con los cadáveres tenían que ser a medida, con el consiguiente encarecimiento de la obra. Otro problema añadido, según el apoderado, es que el inmueble “se tiene que calefactar por fuera y dentro”.
El apoderado señala que “se encargó una tasación” del edificio y los responsables de la sociedad “se enfrentaron a la siguiente dificultad: Valdebebas no estaba desarrollado, y además se trataba de un edificio tan singular que no se le puede dar un valor de mercado”. Por ello, relató el apoderado, al Instituto de Medicina Legal “se le puso el valor de construcción, pero ese valor se fue reduciendo por las amortizaciones conforme pasaban los años”.
