Oficial que reveló prostitución en Policía colombiana escapó a secuestradores

EFE
Bogotá

El oficial de la Policía colombiana que denunció la existencia de una supuesta red de prostitución masculina en la institución y que fue secuestrado el pasado sábado en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, escapó a sus captores, confirmaron fuentes policiales.

«La Policía Nacional confirma la libertad del capitán Ányelo Palacios en horas de la mañana», dijo a periodistas el comandante del grupo antisecuestros y antiextorsión (Gaula) de la Policía, general Fabio López.

El capitán Palacios estaba retenido por sus captores en la aldea Caliche, jurisdicción del municipio de Ragonvalia, agregó el general López, que no dio más detalles sobre el secuestro.

Sobre las 4:30 hora local (9.30 GMT) lograron ubicar al oficial de la Policía, que fue trasladado a Cúcuta, capital departamental, para evaluar su estado de salud.

«Las labores investigativas se mantienen y continúan, hay que esclarecer este hecho del posible secuestro del capitán», agregó el general López.

Palacios fue interceptado el sábado por la noche por cuatro hombres que viajaban en dos motocicletas cuando transitaba en un automóvil por el sector La Miguelera, en la carretera entre Cúcuta y la ciudad de Pamplona.

El capitán de la Policía viajaba con su padrastro, Arcilio Ortiz Valero, de 76 años, quien fue dejado en el lugar de los hechos y avisó de lo ocurrido.

Este oficial se había visto envuelto en un escándalo después de que se declarara víctima de una supuesta red de prostitución homosexual en la Policía, conocida como «La comunidad del anillo», que a mediados de febrero le costó el cargo al director de esa institución, general Rodolfo Palomino.

La trama generó un debate nacional tras la publicación por parte de la emisora La FM de un vídeo grabado en 2008 por Palacios en el que mantiene una conversación de alto contenido sexual con el entonces senador Carlos Ferro.

Eso llevó al procurador general, Alejandro Ordóñez, a abrir una investigación disciplinaria dentro de la institución por el «posible incremento patrimonial, presuntos seguimientos e interceptaciones ilegales a periodistas y creación y puesta en marcha de una supuesta red de prostitución masculina».




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