Los hijos del exmandatario colombiano Álvaro Uribe y el ex candidato presidencial del opositor partido Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, denunciaron ayer su inminente captura como parte de una «persecución» política que atribuyen a la Fiscalía.
Zuluaga, quien fue derrotado en 2014 en segunda vuelta electoral por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, advirtió en una carta remitida al procurador general, Alejandro Ordoñez, que ha conocido «por múltiples canales» que la Fiscalía «se dispone a emitir una orden de captura» en su contra.
El político además es presidente del Centro Democrático, partido de derechas fundado por Uribe que lidera la oposición al Gobierno de Santos.
Zuluaga atribuyó la supuesta orden de captura a una investigación «fruto de una infiltración premeditada» en contra de su campaña «orquestada desde la propia Fiscalía General de la Nación en alianza con el Gobierno para impedir que fuera elegido presidente de la República, no obstante haber ganado en la primera vuelta».
«No estoy por encima de la ley, ni he pretendido estarlo jamás. Lo único que pido es que por haber obtenido siete millones de votos y dirigir el principal partido de oposición en Colombia, no se me trate como si a mí no aplicaran los derechos fundamentales que la Constitución extiende a todo ciudadano colombiano», señaló Zuluaga en la carta al procurador.
Por eso solicitó además que el Ministerio Público (encargado de velar por el funcionamiento de las instituciones) «ejerza sus facultades legales y constitucionales con firmeza y celeridad para proteger los derechos que la Fiscalía General de la Nación viola sistemáticamente en su ánimo persecutorio contra la oposición democrática de Colombia».
En otra misiva dirigida a la Fiscalía, los hijos de Uribe, Tomás y Jerónimo, advirtieron sobre «numerosos rumores en medios de comunicación sobre la inminencia de medidas por parte de la fiscalía» en su contra.
Denunciaron que el año pasado recibieron «seis testimonios de diferentes personas sobre presuntos ofrecimientos por parte de la Fiscalía General de la Nación y de la Presidencia de la República» a James Arias, un individuo detenido recientemente y acusado de diversos delitos.
Arias, conocido como el «zar de la chatarra», afronta un juicio por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, falsedad en documento privado, fraude procesal, contrabando y enriquecimiento ilícito.
El imputado aceptó cinco cargos por su presunta participación en el desfalco a la autoridad de impuestos de Colombia mediante registros ilegales de operaciones de importación y exportación ficticias de chatarra a Estados Unidos, China y España, según medios locales.
En tal sentido, los hijos del exgobernante aseguraron, «bajo la gravedad de juramento», que «el único vínculo comercial» de la empresa de su propiedad con Arias, «sus empresas, familiares o colaboradores se circunscribió a la compraventa de chatarra en operaciones legales y legítimas».
«Hemos recibido numerosas y exhaustivas revisiones por parte de la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), entidad que específicamente solicitó información sobre nuestras transacciones con las empresas del Sr. Arias y no objetó ninguna de ellas», añaden en la carta.
Además de expresar sus disposición a colaborar con las autoridades, los hijos de Uribe piden que se revise «la posible existencia de ofrecimientos y presiones indebidas» a Arias en su contra.
«Mis hijos van rumbo a la Fiscalía a enfrentar (por) propia iniciativa la infamia del fiscal que quiere enredarlos con ‘el chatarrero'», escribió más temprano Uribe en su cuenta de Twitter.
Estas declaraciones se conocen cuatro días después de que Santiago Uribe, hermano menor del expresidente, fuese detenido en el marco de una investigación por la presunta comisión de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir y vínculos con paramilitares.
