Amnistía Internacional (AI) denunció ayer retrasos en la aplicación de la ley para regularizar la situación de los haitianos en República Dominicana y en la entrada en vigor de la ley que elimina la prohibición del aborto.
En su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo, la organización destacó que tampoco se adoptó una legislación para proteger los derechos de las mujeres y del colectivo LGBTI, y se registraron “152 homicidios a manos de las fuerzas de seguridad entre enero y septiembre” de 2015.
“Muchos homicidios tuvieron lugar en circunstancias que sugerían que podían haber sido ilegítimos”, precisa el documento, que recordó que el Congreso no había aprobado a final de año un anteproyecto de
ley de reforma “exhaustiva” de la policía de República Dominicana, país que registró un 6% en el número de asesinatos entre enero y septiembre en relación al mismo periodo de 2014.
La ONG afirmó que “no se avanzó en la investigación de la desaparición forzada de tres hombres -Gabriel Sandi Alistar, Juan Almonte Herrera y Randy Vizcaíno González- vistos por última vez cuando estaban bajo custodia policial en julio de 2009, septiembre de 2009 y diciembre de 2013, respectivamente”.
Tampoco hubo avances para devolver la nacionalidad dominicana a las personas a las que se les había retirado en 2013 “de manera arbitraria y con carácter retroactivo”.
“Muchas personas de ascendencia haitiana seguían siendo apátridas a pesar de la aplicación de una ley cuyo propósito era abordar esa situación”, concluye.
“Decenas de personas dominicanas de ascendencia haitiana fueron detenidas arbitrariamente y amenazadas con ser expulsadas a Haití como migrantes ‘irregulares’”, aunque en la inmensa mayoría de los casos, las autoridades las dejaron en libertad tras verificar que habían nacido en la República Dominicana, según el informe.
También denunció Amnistía agresiones a haitianos en represalia por delitos presuntamente cometidos por otros haitianos, o deportaciones de personas que ya estaban inscritas en el plan de regularización de inmigrantes.
Según estadísticas oficiales, en la primera mitad del año la cifra de homicidios de mujeres y niñas se redujo en un 4 %, en relación con el mismo periodo de 2014, pero no se había adoptado una ley para erradicar la violencia contra las mujeres, dice AI.
La ley de despenalización del aborto seguía también aparcada en el Parlamento, tras varios avances y retrocesos en la regulación de ese derecho.
RESTRICCIONES A LA PRENSA EN ESPAÑA
Amnistía Internacional (AI) denuncia en su informe anual que en España se vio restringida la libertad de expresión y de reunión debido a la aprobación de nuevas leyes, además de criticar el “uso excesivo” de la fuerza por parte de la Policía.
En julio del pasado año entró en vigor en ese país una reforma del Código Penal -que modificaba varios artículos donde se hacía una definición más amplia de los actos de terrorismo- y la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.
Según afirma AI en su informe de 2015, esta última norma establece “límites sobre dónde y cuándo” se permiten las manifestaciones, “sanciones adicionales” para quienes celebren “manifestaciones espontáneas frente a ciertos edificios púbicos”, y dota a la policía de “amplias competencias” para multar a las personas que muestren “falta de respeto”.
