RD-SANTO DOMINGO- El juez de la Instrucción Especial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, consideró que no existen motivos suficientes ni peligros de fuga para dictar orden de arresto contra la jueza Awilda Reyes Beltré y el exjuez Francisco Arias Valera.
Ramón Horacio González Pérez autorizó a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), allanar las residencias de la referida jueza así como del exmiembro del Consejo del Poder Judicial debido a que el Ministerio Público tiene motivos para realizarla.
La solicitud de arresto se rechazó porque no existen elementos suficientes para sostener razonablemente que Reyes Beltré y Arias Valera sean autor o cómplice de una infracción. Que se puedan o se vayan a ocultar, fugar o ausentarse del lugar, como establece el artículo 225 del Código Procesal Penal.
“Es notorio y de conocimiento público, que los investigados han atendido el llamado que les han hecho las autoridades correspondientes y tampoco se ha demostrado que los investigados hayan sido citados a comparecer y no hayan obtemperado al llamado del funcionario competente”, señala la resolución.
Allanamiento
Atendiendo a que la Constitución de la República establece que toda persona tiene derecho a la intimidad, que se le garantice el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia individual, así como derecho al honor, a la imagen y al buen nombre, otorgó la orden bajo condiciones.
Dispuso que el allanamiento en la residencia de los investigados debe de realizarse entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Que el registro de la morada los investigadores deberán realizarlo de forma ordenada, con decoro y moderación, cuidando que los bienes muebles sean conservados, “prohibiendo de manera expresa la destrucción de los ajuares de las personas allanadas, cuidando así la integridad de todos los bienes”.
Prohibió que esta se realice en presencia de menores de edad, a fin de evitar la perturbación psicológica que este tipo de actuaciones investigativas produce, cuidando así el interés superior del niño previsto en las convenciones internacionales.
Ordenó que el registro de los domicilios de la suspendida jueza así como del exconsejero, sean requisados preferiblemente en presencia de ellos y que no se permita la entrada de los medios de comunicación durante el allanamiento de las viviendas.
El procurador Francisco Domínguez Brito solicitó orden para allanar los referidos lugares por considerar que allí presumiblemente se encuentren ocultos documentos relativos a los hechos ilícitos presumiblemente cometidos por los funcionarios.
“Se procura obtener información que vincularían a los funcionarios que se citan, a empresarios de la construcción y otros que puedan resultar involucrados en la adjudicación y ejecución irregular de obras, los mismos que resultan de gran utilidad para la investigación en curso y aquellos que se vinculen al tipo de investigación que se realiza; todos provenientes de los presuntos delitos de corrupción que se investigan, a fin de proceder al secuestro de los mismos”, refirió el procurador en su instancia.
Prueba caligráfica
Awilda Reyes Beltré y Francisco Arias Valera solicitaron al procurador general de la República que envíe a hacer las pruebas caligráficas del recibo donde se señala que ella está devolviendo al exconsejo 350,000 mil pesos que este le había dado como soborno para dejar en libertad al regidor por Pedro Brand, Erinson de los Santos Solís.
A través de sus abogados, Tomás Castro y Carlos Balcácer, los investigados por alegadamente pertenecer a una red que manipulaba procesos judiciales y negociaba libertades de personas ligadas al narcotráfico pidieron que el original del recibo sea enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y al departamento de criminología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
“Ante la negación de la inclusión de su firma o nombre en el referido documento cuestionado, al igual que la magistrada Awilda Reyes Beltré, también pone en tela de juicio su desautorizada firma o forma de escribir en dicho documento, según informes de la misma por medios de comunicación de masa, se impone pues que el mismo sea sometido a una eficaz pericia documentoscópica”, señala el documento de Arias Valera.
Entre las pruebas o documentos presentados por el procurador Domínguez Brito al juez Ramón Horacio para solicitar la orden de arresto y allanamiento está la comunicación del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, donde le remite el recibo supuestamente firmado por Awilda Reyes y Francisco Valera Arias.
Participación Ciudadana fue indiscreta
Carlos Balcácer calificó ayer como una indiscreción lo expresado por Participación Ciudadana respecto a lo conversado con la suspendida jueza Awilda Reyes e indicó que supuestamente distorsionaron lo revelado por ella respecto a la supuesta devolución de 350,000 pesos a Francisco Valera.
“Todo lo que dijo Francisco Álvarez es totalmente mentira, él es un mentiroso; debe darle vergüenza que esté cobrando en dólares y no en pesos, para hablar mentira de una dama que confió parte de su discreción a él”, dijo Balcácer en rueda de prensa acompañado del también abogado Tomás Castro. Los directivos de PC fueron interrogados el pasado martes en el Pepca tras revelar que Reyes les confesó a ellos que escribió su nombre en el recibo e identificado quienes le daban órdenes.
