La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha reprochado a España la falta de evaluaciones a los docentes.
El organismo incide en que el único control se establece en los exámenes de acceso a la profesión en centros públicos, y destaca que «otras formas de evaluación del profesorado no están legisladas», entre las que cita los exámenes regulares, pruebas para promocionar e incentivos asociados a resultados.
En el informe presentado este miércoles bajo el título Panorama de la Educación, la OCDE detalla que en tres cuartas partes de los 34 países objeto de estudio la evaluación del profesorado está legislada o es un requisito, en casi la mitad de ellos los profesores que obtienen malos resultados en las pruebas deben volver a examinarse, en 11 afecta a su salario, y en una decena de países se les obliga a mejorar su formación.
En España, la única consecuencia de un mal resultado en una evaluación es no conseguir la certificación para el puesto como docente», dice el documento en alusión a la falta de nuevas pruebas una vez obtenida la plaza.
El filósofo y pedagogo José Antonio Marina, al que el Gobierno ha encargado el Libro blanco de la función docente abrió el debate sobre la necesidad de evaluar a los profesores que ejercen en España a comienzos de este mes, cuando propuso que una parte de su retribución estuviera «relacionada con la evaluación del centro entero, de manera que se fomente la implicación de todos los profesores en un proyecto educativo».
La idea ya tiene partidarios y detractores: los sindicatos de enseñanza se oponen, el Gobierno dice que la estudiará y el PSOE ya ha incluido en su programa electoral medidas similares. Para la OCDE, los sistemas de incentivos están concebidos «para seleccionar un grupo de profesores con resultados excelentes y reconocer su trabajo».
Por encima en estudios superiores, y en desempleo
El estudio recoge, asimismo, diversas variables que tratan de esbozar un mapa de la situación educativa de los países miembros y asociados.
En España, la proporción de adultos entre 25 y 64 años con estudios de FP superior y universitarios (35%) es ligeramente superior a la media de los países de la OCDE (34%), si bien se muestra una brecha mayor con los que tienen menos estudios: gran parte de la población de esta franja de edad, el 43%, solo ha cursado la enseñanza obligatoria, frente al 23% de media de la OCDE por debajo de ese umbral.
