Panamá.
El opositor movimiento Cambio Democrático (CD), del último ex presidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), cuestionó hoy la actuación del sistema de justicia de Panamá, asegurando que está en entredicho por no actuar para todos por igual y por -supuestas- razones políticas.
El movimiento expresó el punto de vista a través de su vocero, Luis Eduardo Camacho, en referencia al resultado de una reunión de junta directiva realizada este martes para analizar el tema, y luego de que anoche fuera detenido preventivamente en la capital panameña José Raúl Mulino, quien fue ministro de Seguridad Pública durante la administración Martinelli.
La detención se produjo luego de que el ex ministro de Seguridad compareciera por varias horas, y luego de tres días de ser citado, a una indagatoria de la justicia de su país relacionada con supuestas irregularidades en la compra de 18 radares a Italia durante la pasada administración.
La adquisición se hizo mediante un convenio suscrito entre los Estados de Panamá y de Italia, y que tenía como propósito fortalecer la lucha de Panamá contra el crimen organizado.
Los representantes de CD acusaron a los miembros del sistema judicial de responder en este tipo de casos a venganzas personales, lo que, agregaron, «no pueden ser las razones que justifiquen las crueles medidas a que están siendo sometidos selectivamente miembros de este movimiento político, afectando el estado de derecho de Panamá».
Se quejaron también, según un boletín que lleva el nombre de Rómulo Roux, secretario general de la junta directiva, de tratar en el sistema judicial -supuestamente- como delincuentes confesos a funcionarios del pasado gobierno.
Consideraron además una aberración política detener preventivamente a Mulino, quien también es miembro de la junta directiva del Partido, «por un supuesto incumplimiento de los términos y condiciones de un contrato que fue debidamente aprobado por el Consejo de Gabinete, en el que participaron los más altos miembros del gobierno y partido de turno», según se sostuvo.
El movimiento argumentó que la detención preventiva sólo debe utilizarse como último recurso y con fines estrictamente cautelares definidos en la ley, y que en este caso no había riesgo de fuga ni desatención del proceso.
Se indicó sobre el último punto que Mulino regresó del exterior al país para atender la orden de indagatoria, que se presentó por sus propios medios a la fiscalía y asumió su defensa, y que no existe además en este caso peligro de destrucción de pruebas.
El movimiento reconoció que todos los actos de corrupción deben investigarse, y caerle el peso de la justicia a quien se haya beneficiado de cualquier acto de corrupción, pero indicó que ello sólo debe ocurrir después de que concluya el respectivo proceso judicial.
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela (del opositor y tradicional Partido Panameñista), quien perteneció a la administración Martinelli como vicepresidente y canciller pero se distanció de éste tras la ruptura de la alianza de gobierno por diferencias, ha asegurado que no hay una actitud de revancha y que hay que dejar que la justicia actúe de manera independiente.
Un acuerdo en materia de seguridad firmado en 2010 por los gobiernos de Panamá y de Italia admitió la compra de los 19 radares a Selex, además de seis helicópteros a la empresa Augusta, y de un mapa digital a la empresa Telespazio Argentina, todas filiales del conglomerado italiano Finmeccanica, por un monto de 250 millones de dólares.
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