A casi diez meses de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, estado de Guerrero, la versión del gobierno de México sobre los hechos sigue inamovible, pero las críticas a la investigación del caso no han cesado.
De hecho, este jueves la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) volvió a señalar fallas en el proceso de esclarecimiento del crimen, como ya hiciera en un informe presentado en marzo.
Ahora, a través de un documento titulado Estado de la investigación del caso Iguala, la principal entidad gubernamental encargada de promover y proteger los derechos humanos en México, principalmente ante abusos cometidos por parte de funcionarios públicos o por el Estado, presentó 32 observaciones y propuestas a las autoridades mexicanas.
Y es que, tras revisar toda la información sobre la actuación de las autoridades, la CNDH advirtió «la falta de realización de diligencias ministeriales, tanto federales como locales, que se estima serían de utilidad para lograr una investigación exhaustiva e integral de los hechos».
Eso mismo exigen los padres, ya que insisten en que los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa (una escuela para preparar maestros rurales) están vivos.
Pero la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) sigue manteniendo su versión.
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La noche del 26 de septiembre de 2014 los jóvenes fueron detenidos por policías de Iguala, quienes los entregaron al cartel de narcotráfico Guerreros Unidos.
Según la PGR, los delincuentes los asesinaron y luego cremaron sus cuerpos en el basurero de Cocula, un municipio aledaño.
Fue uno de los episodios más terribles de la historia reciente del país.
32 observaciones y recomendaciones
«El más grave conjunto de violaciones a los derechos humanos de cuantos haya memoria reciente», en palabras de Raúl González Pérez, titular de la CNDH.
Por ello, el organismo hizo 32 observaciones y propuestas a las autoridades, entre ellas las siguientes:
- Agrupar las fichas de los estudiantes para que se puedan comparar con las evidencias existentes y los testimonios del entorno familiar y social.
- Agotar todas las líneas de investigación sobre las versiones de la posible ubicación de los desaparecidos.
- Obtener la georreferenciación (ubicación exacta de acuerdo a unas coordenadas) de los teléfonos celulares de dos de los estudiantes que presuntamente habrían eviado mensajes desde ellos a sus familiares el 26 y 27 de septiembre.
- Investigar por qué motivo fueron los normalistas llevados a Iguala el 26 de septiembre, quién los llevó y por qué.
- Llevar a cabo las detenciones pendientes.
- Establecer la identidad de los ocupantes de inmuebles aledaños al lugar de los hechos.
Estas recomendaciones se suman a las que ya hizo en su informe del 20 de marzo.
Además de pedir que se continuara la búsqueda de los desaparecidos, la CNDH solicitó a las autoridades mexicanas que contactaran con otros países para tratar de encontrar más fotografías satelitales del 26 y 27 de septiembre del basurero de Cocula.
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También pidió que hicieran un mapa de las fosas clandestinas y que utilizaran tecnología láser para que la búsqueda fuera más efectiva.
Y este organismo no ha sido el único en criticar la línea oficial de la investigación.
En febrero el equipo de peritos que asesoraba a los padres en la búsqueda e identificación de los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa introdujo serias dudas en la versión oficial de los hechos.
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Ahora, a casi diez meses y con el caso sin esclarecer, el titular de la CNDH reivindica lo mismo que los padres de la víctima y miles de mexicanos: «No es momento de olvidar, ni de callar».
