El secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, ha explicado este lunes que se ha propuesto a las comunidades que se exija al menos seis meses de presencia efectiva en una región para que un inmigrante irregular pueda acceder a la asistencia sanitaria y se encuentren en «situación de vulnerabilidad o exclusión». Son seis meses menos que la propuesta de un año que planteó el Gobierno a finales de julio.
Lo ha declarado tras presidir la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS), en la que se ha analizado el citado borrador con representantes autonómicos y de los Ministerios de Empleo, Interior y Asuntos Exteriores, a los que han trasladado una serie de «criterios mínimos» para ampliar la atención sanitaria a estos inmigrantes y que ésta sea «homogénea» en toda España.
Sanidad ha dado 15 días a las comunidades autónomas para que mejoren el borrador de propuesta con espíritu «constructivo».
Para Moreno, el problema es cómo abordar la redacción de la normativa para evitar el turismo sanitario, es decir que cualquier ciudadano europeo «pueda creer que tiene el mismo derecho» que los inmigrantes en situación irregular y denunciarlo.
«Interior no puede acceder al registro»
Preguntado por la posibilidad de que la Policía tenga acceso a los datos que figuren en el registro que Sanidad propone para que los sin papeles accedan a un documento con el que recibir asistencia sanitaria, Moreno ha afirmado que no hay que comunicar esa información a Interior ni a la Comisaría de Fronteras.
Según el represente del Ministerio, los inmigrantes deben estar en la base de datos del SNS porque «tienen que estar identificados para recopilar su información clínica y evitar duplicidades en las pruebas clínicas», pero ha asegurado que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, del Ministerio del Interior, que «ni puede acceder ni pretende hacerlo».
Responsables de Sanidad de Madrid y de Castilla y León, ambos del PP, han defendido la necesidad de consensuar un documento único para todo el territorio que facilite la asistencia de los inmigrantes en situación irregular, mientras que desde Andalucía se pide la retirada del decreto.
El representante de Madrid, Julio Zarco, director general de atención al ciudadano, ha defendido la necesidad de homogeneizar un documento y se ha mostrado partidario de analizar el real decreto por si fuera pertinente reformarlo.»No es tratar de denegarse a expedir tarjetas sanitarias sino fijar un documento», ha dicho el responsable madrileño.
En este sentido, ha insistido en que el documento debe precisar «que esa persona no tiene ingresos, que está empadronada un tiempo, que a lo mejor puede ser un tiempo testimonial de tres o cuatro meses, tampoco tiene que ser un año porque son poblaciones muy nómadas».
También, desde Castilla y León, el director general de Asistencia Sanitaria, José Jolín Garijo, ha señalado que los inmigrantes en situación irregular deben tener «un papel, un documento para que los profesionales puedan identificar y acreditar la asistencia sanitaria». «Cualquier paciente que pertenezca al sistema nacional de salud debe estar identificado para su asistencia», ha insistido Jolín.
Celia Gómez, directora general en el Servicio Andaluz de Salud ha señalado que «la clave y el elemento básico debe ser la retirada del real decreto de 2012 y volver a la sanidad universal que estaba establecida».
