Un grupo de monjas hace ruta todas las semanas por clubs de alterne, carreteras, cortijos y pisos de Almería donde se ejerce la prostitución. Son adoratrices y oblatas que hace años que no se ponen el hábito y viajan en una furgoneta en la que, a veces, se producen milagros.
En la parte trasera de ese vehículo, habilitada como un pequeño salón en el que las religiosas reparten café y preservativos, se han transformado vidas enteras; las de decenas de mujeres obligadas a vender su cuerpo por redes mafiosas o por pura desesperación. La ruta termina en una casa de acogida cuyo domicilio es confidencial, por seguridad. Reciben a EL PAÍS con la condición de no revelar esa ubicación ni la identidad de sus inquilinas.
Me engañó un gitano rumano”, relata Erika, víctima de trata. Ella tenía entonces 12 años; él, 27. “Me dijo que vendríamos a España, que yo podría trabajar de limpiadora…”. Con 14 se quedó embarazada. “Así que me vendió a otro gitano rumano”. Erika no sabe por cuánto dinero, pero sí sabe que le engañó, porque cuando su nuevo dueño descubrió que iba a ser madre, la molió a palos para intentar provocarle un aborto. No lo consiguió y ella regresó a su país, Rumanía, para dar a luz.
“Ese mismo día, el gitano que me había traído a España se presentó en el hospital y me dijo: ‘Tú eres mía”. Se la llevó. “Me obligó a trabajar enseguida. La mujer de mi padre se quedó con mi niña”. De vuelta en España, le obligaba a darle 300 euros al día. “Si no los conseguía, me pegaba una paliza”.
La torturaba metiendo su cabeza en el frigorífico e intentando cerrar la puerta. En una ocasión, le rajó los muslos con un cuchillo y chorreando sangre, la obligó a tener relaciones sexuales con él. “Un cliente me animó a denunciar a la policía». El juicio está pendiente y Erika, que ahora tiene 24 años, ya no vive en la casa de acogida. La monja María José Palomino recuerda que el día que la conoció se puso enferma; era la forma en que su cuerpo rechazaba aquel inacabable recuento de “perrerías”.
España es el segundo país de la Unión Europea con más casos detectados de explotación sexual -el primero es Italia-. Solo desde el pasado enero, la policía ha detenido a 264 personas en 76 operaciones contra estas mafias e identificado a “más de 4.900 víctimas potenciales”. De ellas, 117 fueron asistidas por ONG -14 eran menores de edad- y 66 adquirieron la condición de testigos protegidos. Entre abril de 2013 y diciembre de 2014 fueron 1.450 detenidos, 11.751 víctimas potenciales detectadas, 774 acogidas y más de 29 millones de euros incautados. Según Interior, el negocio mueve cinco millones de euros al día en España.