Sentada en su trono de la Cámara de los Lores, con las más de 3.000 joyas de la Corona Imperial del estado en la cabeza y arropada por toda la pompa que rodea a esta celebración de uno de los cuerpos legislativos más antiguos del mundo, la reina Isabel II ha leído esta mañana el discurso que contiene las prioridades legislativas del primer año del nuevo Gobierno de David Cameron. La hoja de ruta, resumida en 1.008 palabras, del primer Ejecutivo enteramente conservador al frente de Reino Unido desde hace casi 20 años.
Casi exactamente a la mitad del discurso llegó el anuncio, no por esperado menos trascendente, de la consulta que con toda probabilidad marcará los primeros dos años de legislatura. “Se introducirá una legislación temprana para proporcionar un referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea antes del final de 2017”, leyó la reina.
Está previsto que el Gobierno presente mañana mismo el proyecto de ley en el Parlamento, antes de que Cameron se embarque en un viaje relámpago de dos días por cinco capitales europeas que, finalmente, pueden quedarse en cuatro. La primera parada del primer ministro iba a ser Copenhague, donde tenía previsto reunirse con su homóloga danesa Helle Thorning-Schmidt. Pero la visita se ha cancelado tras el anuncio de Thorning-Schmidt de que habrá elecciones anticipadas en su país el próximo 18 de junio.
El resto del viaje, que llevará a Cameron a La Haya, París, Varsovia y Berlín, sigue en pie. La intención del primer ministro es reunirse con todos los líderes europeos para que a nadie pillen por sorpresa sus planes de renegociación de los términos de la relación entre Reino Unido y la UE.
La gran sorpresa del discurso, aunque ya adelantada en las horas previas, fue la decisión de posponer la controvertida derogación del Human Rights Act, una legislación introducida por los laboristas en 1998 que traslada a la legislación británica la Convención Europea de los Derechos Humanos. Los conservadores planean derogarla y remplazarla por una carta de derechos británica que “rompa el lazo formal entre los tribunales británicos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.
Los liberales-demócratas, socios de Gobierno en la anterior legislatura, impidieron a los tories seguir adelante con esta medida que obligaría a los ciudadanos a acudir directamente a Estrasburgo para denunciar violaciones de la Convención. Finalmente el Gobierno no ha incluido la medida en su discurso de la reina, limitándose a anunciar “propuestas” para una carta de derechos británica. Es decir, el Gobierno excluye por el momento la polémica legislación en sí, temeroso acaso de no poder sacarla adelante con su frágil mayoría de 12 diputados
