EFE. Toronto (Canadá). El Tribunal Supremo de Canadá dijo hoy que los controvertidos certificados de seguridad que otorgan al Gobierno canadiense poderes especiales para arrestar y deportar a extranjeros son constitucionales.
Harkat, que llegó a Canadá en 1997 y está casado con una ciudadana canadiense, fue arrestado en 2002 acusado de pertenecer a Al Qaeda.
El argelino, de 45 años, ha pasado un total de 11 años en detención y arresto domiciliario a pesar de que no ha sido juzgado gracias a la utilización por parte del Gobierno canadiense, que quiere deportarlo a Argelia, de un certificado de seguridad.
Los abogados de Harkat decidieron recurrir la constitucionalidad de esos certificados de seguridad, con el apoyo de organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional, porque entre otras medidas la ley permite al Gobierno canadiense ocultar a la defensa parte de las pruebas recogidas.
Pero el Tribunal Supremo dijo que el uso de un certificado de seguridad contra Harkat fue razonable y que el juez del Tribunal Federal que revisó su caso había sido justo, por lo que los derechos del acusado habían sido protegidos.
El Tribunal Supremo también reconoció que el sistema de certificados de seguridad es «imperfecto» y estableció una serie de guías para asegurar el equilibrio entre los derechos de los acusados y las necesidades de seguridad del Estado.
La sentencia señaló que sólo pueden mantenerse secretas «información y pruebas que pueden suponer un grave riesgo de daño para la seguridad nacional o peligro para la seguridad de una persona».
El secretario general de Amnistía Internacional, Alex Neve, dijo que la decisión del Tribunal Supremo de declarar constitucionales los certificados de seguridad es «muy problemática», porque ignora los tratados internacionales sobre derechos humanos a los que Canadá está suscrito.
