NAIPYIDO.- Birmania vivió una de sus jornadas más sangrientas. Este sábado más de 40 personas fueron asesinadas por fuerzas de seguridad de la junta militar golpista. Las muertes ocurrieron durante las protestas contra el régimen que coincidieron con el desfile anual del Día de las Fuerzas Armadas.
Varias ciudades, como la antigua capital Rangún, reportaron decenas de heridos y detenidos durante las concentraciones. Más de 300 personas han perdido la vida desde el golpe de Estado del pasado 1 de febrero, según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP).
«La enviada especial de la ONU, Christine Schraner Burgener, dijo que garantizar la paz y defender al pueblo debería ser responsabilidad de cualquier ejército, pero en Birmania, el Ejército se ha vuelto contra sus propios ciudadanos. Entre los fallecidos se encuentran mujeres, jóvenes y niños. La enviada especial pide la liberación de todos los detenidos, incluidos el presidente U Win Myint y la consejera de Estado Aung San Suu Kyi», declaró Farhan Haq, portavoz adjunto del Secretario General de la ONU
Como parte de la respuesta internacional a la brutalidad de la Junta, Estados Unidos y Reino Unido anunciaron el jueves nuevas sanciones contra intereses militares birmanos.
El Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a los enormes conglomerados Myanmar Economic Holding Limited (MEHL) y Myanmar Economic Corporation (MEC), que incluye firmas locales de transporte, turismo, tabaco y minería, entre otros sectores, y que están controlados por los jefes castrenses birmanos.En una acción coordinada, el Reino Unido anunció sanciones contra el conglomerado de empresas birmano MEC «con el objetivo de cerrar las fuentes de financiación» de la junta militar «para sus campañas de represión contra civiles».
Las medidas de Washington y Londres llegaron después de que la Unión Europea aprobara el pasado lunes sancionar a 11 personas relacionadas con el golpe de Estado, entre ellas al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing.
Los uniformados justifican el golpe por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, en los que arrasó el partido de Suu Kyi, como ya hiciera en 2015. Las elecciones fueron consideradas legítimas por los observadores internacionales.
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