Las víctimas eran traídas a España con la falsa creencia de que iban a casarse con hombres blancos
Dos hombres y dos mujeres de origen nigeriano han sido condenados a penas de hasta 37 años y tres meses de prisión por obligar a tres compatriotas suyas a prostituirse en el polígono Marconi (Villaverde). Las víctimas, dos de las cuales eran menores de edad, eran captadas bajo la falsa promesa de contraer matrimonio con españoles. Una vez en Madrid, las amenazaban con rituales de vudú para que pagaran cantidades astronómicas por supuestas deudas contraidas con la banda criminal. Las mujeres eran, además, trasladadas de un país a otro para lograr los mayores ingresos.
La sentencia de la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Madrid, de la que ha sido ponente la magistrada María Teresa García Quesada, impone 37 años y tres meses de prisión a la nigeriana Osomwenyenmwen Omorodion, de 35 años; a su compatriota Mcdon Igbinidum, de la misma edad, y a la otra mujer Loveth Ada, de 44 años. Los jueces les consideran culpables de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual referente a mayores de edad, de dos delitos de explotación sexual de menores y por un delito de favorecimiento de la inmigración sexual. El cuarto condenado, Supreme Lord Asemota, de 40 años, reduce la pena a 32 años y nueve meses, al considerar que no cometió el delito de inmigración sexual.
La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La pena máxima que cumplirán los cuatro será de 25 años efectivos, ya que ninguno de los delitos por los que han sido condenados supera los 20 años de prisión, según recogen los magistrados en su fallo. Además, una vez que salgan de la cárcel tendrán un periodo de libertad vigilada de 10 años por los delitos contra la libertad sexual. Además, tendrán que indemnizar con 75.000 euros a cada una de las tres víctimas.
Francia y Noruega
Los magistrados consideran probado que los cuatro acusados formaban un grupo organizado “al menos desde 2010”. Su función consistía en captar a mujeres jóvenes en su país de origen (Nigeria) para hacerlas llegar a España y otros países europeos, como Francia y Noruega. Para ello, las facilitaban documentación falsa con el fin de pasar los controles aduaneros y poder llegar a Madrid. Los magistrados reprochan a los condenados que se aprovecharan de “la minoría de edad de algunas de ellas, así como de la inmadurez y precariedad económica de las víctimas”.
Las mujeres recibían la falsa promesa que iban a conseguir un puesto de trabajo o, incluso, se iban a casar con hombres españoles. Sin embargo, al llegar a España, la situación era radicalmente distinta. Las mujeres eran coaccionadas y vigiladas en todo momento para que se prostituyeran y todo el dinero que conseguían se lo tenían que dar a la organización. La intimidación consistía en practicar rituales de vudú. A veces los realizaban en la propia Nigeria delante de sus madres. Les cortaban las uñas y les tomaban muestras de sangre. Alguna víctima relató que ese ritual se lo hicieron en Madrid y que iban a mandar todo a un brujo nigeriano. “Este realizaría vudú que iría contra ella en caso de no satisfacer la cantidad adeudada”, recoge el fallo.
Las mujeres siempre viajaban desde Nigeria a Marruecos. Para ello contactaban con diversos compinches de los condenados, que las facilitaban documentación falsificada con su fotografía y con nombres y apellidos de terceras mujeres. Una de las víctimas, que ha sido testigo protegida en el procedimiento, entró por barco en Barcelona. Allí la recogió Loveth Ada. Esta le dijo que no iba a contraer matrimonio y que el objetivo real del viaje “era que ejerciera la prostitución en beneficio de ella”. La debía 50.000 euros por los gastos del viaje. “Estas manifestaciones produjeron un gran temor en la mujer, lo que determinó que continuara obedeciendo a su mandante, toda vez que carecía de recurso alguno para solventar la deuda, hallándose en un país extranjero, con un idioma para ella desconocido, sin dinero y sin contacto familiar alguno familiar o social al que poder acudir”, concluyen los jueces.
Solicitud de asilo
La mujer fue trasladada a Madrid, donde Osomwenyenmwen, Loveth y Mcdon la obligaron a que presentara toda la documentación para solicitar el asilo. Le explicaron hasta qué tenía que contar a los funcionarios. Después fue trasladada al polígono de Marconi, donde ejercía la prostitución de siete de la tarde a seis de la madrugada en la calle durante todos los días. Tenía que ganar un mínimo de 1.000 euros a la semana. La víctima fue traslada a Oslo (Noruega) y, tras ser rechazada en la frontera, la trasladaron a París (Francia).
El fallo recoge una forma de actuar muy similar en octubre de 2014 con dos menores de 17 años. Ambas se trasladaron desde su ciudad natal, Abuja, hasta Casablanca (Marruecos). Desde allí viajaron a París y de aquí a Madrid, donde las recibió Osomwenyenmwen. Una viajó a Bilbao y otra a un club de alterne de las proximidades de Almería capital. La primera fue liberada por la policía en julio de 2015. La segunda en un prostíbulo de Lloret de Mar (Gerona) un mes antes. “Las testigos protegidas no tuvieron otra opción posible que aceptar el ejercicio de la prostitución y las condiciones que los procesados las imponían, toda vez que se veían obligadas a satisfacer la deuda contraída”, afirma el fallo.
UNAS VÍCTIMAS QUE NO ERAN CONSCIENTES DE SU CONDICIÓN
Las tres mujeres que fueron obligadas a prostituirse sufrieron un auténtico calvario, del que no eran conscientes. Así lo manifestaron los peritos que declararon en el juicio, donde las psicólogas forenses explicaron que las víctimas “no querían defraudar a las personas que las habían traído” y que arrastraban incluso “un sentimiento de culpa” por el que se sentían responsables de lo que les estaba ocurriendo. “Estas mujeres no sienten animadversión hacia las personas que las han traído. Parecían tener un sentimiento de lealtad y tener conciencia de estar obligadas a pagar la deuda que habían asumido, aunque no tenían capacidad para comprender la magnitud de la misma”, recogen los magistrados de la Audiencia Provincial.
Un hecho que agravaba su situación era la falta de apoyos en España y las continuas amenazas de que sus familiares sufrieran daños “utilizando el vudú como instrumento de coerción”.
El peritaje de una de las menores refuerza el sentimiento de culpa de las mujeres: “Ella sabía que tenía una deuda que tenía que pagar y que si no lo hacía le pasarían cosas negativas y eso la tenía angustiada”, afirmaron los peritos. “Ha costado mucho que asumiera su condición de víctima. La responsabilidad asumida con el vudú ha tenido mucha fuerza y piensa que si no cumple lo que ha jurado va a morir”, añade el fallo. Esta mujer sufría “un importante embotamiento emocional”, que le impedía comprender su situación, lo que desembocó en un trastorno de estrés postraumático. Los forenses negaron que hubiera fabulación en su relato.
