Rita Barberá tiene el escaño en el Senado atado y bien atado. Ni unas hipotéticas terceras elecciones provocarían que la exalcaldesa de Valencia, que acaba de abandonar el PP después de las presiones recibidas tras ser imputada por el Tribunal Supremo por blanqueo de capitales, tuviera que devolver su acta de senadora.
Fueron Les Corts Valencianes las que, en un pleno celebrado a finales de julio de 2015, designó a Barberá para la Cámara Alta junto al expresidente de la Generalitat Alberto Fabra. Según determinó un informe jurídico presentado antes de los comicios de junio, los senadores territoriales no pueden perder su condición por la convocatoria de nuevas elecciones, ya que su mandato no se extingue con la disolución del Senado, sino una vez acabada la presente legislatura del Parlamento autonómico, que finaliza en 2019.
La Mesa de Les Corts defendía entonces la continuidad de sus seis representantes ante la propuesta de la Diputación Permanente del Senado de reducir un senador territorial por la perdida de población de la de la Comunidad Valenciana. Según el reglamento de la Cámara Alta, los senadores designados por los Parlamentos autonómicos lo son a razón de uno fijo por cada comunidad autónoma y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio.
El caso de Rita Barberá es distinto al de Pedro Gómez de la Serna, quien sí perdió su puesto en el Congreso con las elecciones del 26J. De la Serna se dio de baja del PP en enero, justo después de que la Audiencia Nacional decidiera investigar las comisiones millonarias que cobró, junto al exembajador en la India Gustavo de Arístegui, por asesorar a empresarios españoles que querían invertir en el extranjero.
Elegido como diputado por Segovia, Pedro Gómez de la Serna ya fue apartado del grupo popular en el Congreso el 29 de diciembre, pocos días después de los comicios del 20D, y el PP le abrió un expediente disciplinario. Cuando se disolvieron las cortes el 3 de mayo y terminó la corta XI Legislatura, De la Serna perdió su escaño y ya no se volvió a presentar en las segundas elecciones.
Cambio del reglamento de Les Corts Valencianes
Tampoco una modificación de la ley valenciana -que, por ejemplo, podría vincular el mandato de los senadores territoriales a la legislatura del Senado, como se hace en Galicia- haría que Rita Barberá perdiera su asiento en la Cámara Alta porque no se podría aplicar con efectos retroactivos. Las voces unánimes -incluida la del PP- que este jueves salían de Les Corts Valencianes reclamando la renuncia de la exalcaldesa de Valencia para “salvaguardar la dignidad de los valencianos” parecen, pues, un brindis al sol porque Barberá no parece dispuesta a dimitir.
El presidente valenciano, Ximo Puig, defendió que Barberá es “una representante ilegal, ilegítima” y no representa a la cámara que la escogió y el portavoz socialista, Manuel Mata, calificó a Rita como “la tránsfuga número uno del Senado” y afirmó que propondrá un cambio legal porque ahora mismo es “imposible jurídicamente” revocar su nombramiento como senadora territorial.
“Pudo haber tenido un comportamiento a la altura de la ciudadanía pero ha preferido cambiar el carné de su partido por un sillón de 7.000 euros al mes”, lamentó el síndic de Podemos, Antonio Montiel. Dejando el PP y pasando al grupo mixto, Rita Barberá cobrará unos 2.300 euros mensuales más.
Todos los grupos del Senado reciben una subvención mensual para gastos de funcionamiento según el número de parlamentarios que tienen. El PP, por ejemplo, recibe en esta legislatura unos 3,13 millones por año; el PSOE, 1,37 millones; y Unidos Podemos, algo más de medio millón. La subvención que le corresponde al Mixto es de 39.400 euros mensuales y el dinero se reparte de forma proporcional. Con Rita serán 17 senadores en el grupo mixto y a cada uno le corresponderá unos 2.300 euros al mes que se sumarán a los 4.635 de sueldo que la exalcaldesa ya cobra: 2.813,91 de sueldo base más 1.822 euros de indemnización por ser senadora de fuera de la Comunidad de Madrid. Alrededor de 224.000 euros se embolsará hasta 2019.
