La justicia argentina investigará el asesinato del poeta Federico García Lorca, del que se cumple el 80 aniversario, después de que el caso haya sido incorporado a la causa que investiga en Buenos Aires la jueza María Servini por crímenes contra la humanidad.
Concretamente, la jueza Servini ha admitido la denuncia que presentó el pasado abril la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), presidida a nivel nacional por Emilio Silva, y ha enviado ya el exhorto pertinente a España, según han informado a Europa Press fuentes del caso.
La asociación memorialista decidió llevar el asunto ante Servini, que lleva varios años investigando los crímenes franquistas, tras la aparición, en abril del pasado año, de un informe de la Jefatura Superior de Policía de Granada fechado en 1965, que alude al asesinato de García Lorca en el entorno de Fuente Grande, en Alfacar (Granada).
El colectivo solicitó que este hecho se incorporara a la causa que sigue la jueza argentina por crímenes contra la humanidad bajo la carátula ‘N.N.S/Genocidio’, a lo que recientemente ha accedido Servini, tal y como avanza este miércoles ‘El Independiente de Granada’.
En la denuncia que presentó la ARMH, a la que ha tenido acceso Europa Press, se expone que en ese informe aparece García Lorca conceptuado como socialista, por su vínculo con Fernando de los Ríos y otros «jerifaltes de igual signo político» (sic). Figura también como masón, perteneciente a la logia ‘Alhambra’ con el nombre simbólico de ‘Homero’. Dice el documento que, cuando se produjo la rebelión liderada por Franco (el «Glorioso Movimiento Nacional»), García Lorca se encontraba en Granada, adonde había llegado días antes de Madrid, ciudad en la que residía.
Según se recoge en la citada denuncia, en el lapso de pocos días se practicaron dos registros en su domicilio, a raíz de lo cual se refugió en casa de sus amigos los hermanos Rosales Camacho (antiguos falangistas), donde permaneció hasta su detención, que el documento sitúa entre los últimos días de julio y los primeros de agosto de 1965.
Con una orden de detención dimanante del Gobierno Civil, un grupo formado por Ramón Ruiz Alonso (diputado por la alianza de derechas CEDA), Juan Trescastro y otros cuyos nombres aparecen tachados en el documento se dirigió al domicilio de los Rosales Camacho, acompañado por uno de los hermanos, que debía franquearles el acceso. La casa había sido rodeada por milicias y guardias de asalto, que habían tomado ostentosamente bocacalles y tejados próximos.
CONTENIDO DEL INFORME
Una vez efectuada la detención, se condujo a García Lorca a los calabozos del Gobierno Civil. Se interesaron por él, y por su libertad, los hermanos Rosales Camacho y el jefe local y el jefe de Milicias de Falange, además de otras personas cuyos nombres se han ocultado en el documento. Tras entrevistarse con el entonces Gobernador Civil de la provincia, no consiguieron la libertad del detenido pero «obtuvieron la impresión de que ya no corría peligro la vida de Federico García Lorca».
