Cuba.-Durante 10 años, una controvertida ley de la Florida ha prohibido a facultades y estudiantes en universidades públicas usar ningún tipo de fondos para viajar a Cuba u otros estados que EEUU considera patrocinadores del terrorismo.
Pero ahora que el presidente Barack Obama planea sacar a Cuba de la lista terrorista, la Universidad Internacional de la Florida (FIU, por sus siglas en inglés) y otros colleges públicos parecen muy dispuestos a resumir la búsqueda de viajes a la isla debido a que ambos países se han abierto finalmente el uno al otro.
Pero ése no es el caso cuando los mayores funcionarios estatales de educación bloquean el camino.
La Junta de Gobernadores de la Florida aconsejó recientemente a FIU que la prohibición estatal de viajes educacionales no se levante por competo hasta que Estados Unidos reanude las relaciones diplomáticas con Cuba – que están aún en el aire.
“Además de sacarla de la lista, Estados Unidos también tiene que establecer relaciones diplomáticas con Cuba antes de que facultades o estudiantes puedan involucrarse en actividades académicas en Cuba”, escribió la directora de comunicaciones de la junta a su contraparte en FIU en un reciente correo electrónico.
“Una vez que se restauren las relaciones diplomáticas, cualquier solicitud para realizar actividades académicas en Cuba seguirá el proceso normal de aprobación universitaria”, escribió la portavoz de la junta, Britanny Davis, al director de relaciones con los medios de comunicación de FIU, Maydel Santana-Bravo.
Davis dijo el miércoles al Miami Herald que la abogada general Vikki Shirley, de la Junta de Gobernadores de la Florida – un cuerpo de 17 personas designadas en gran parte por el gobernador Rick Scott – suministró el análisis legal que se envió a FIU. La junta no realizó una votación sobre el tema. Para respaldar el análisis, Davis también citó una ley estatal de 1996 que dice que cualquier entidad que reciba fondos estatales “no puede viajar ni hacer negocios con cualquier país localizado en el Hemisferio Occidental que no tenga relaciones diplomáticas con Estados Unidos”.
La Universidad Internacional de la Florida – cuyo Senado de la Facultad demandó sin éxito al estado para que cambiara la prohibición de viajes en el caso del uso de fondos privados y públicos para viajes de investigación a Cuba – dijo al Herald que la escuela del oeste de Miami-Dade seguirá la guía de la junta de gobernadores hasta que se normalicen las relaciones de EEUU con el gobierno de Raúl Castro.
“FIU sigue la directiva de la junta de gobernadores y la ley estatal de la Florida”, manifestó el miércoles Santana-Bravo.
Pero una cuidadosa revisión de la ley de “Viajes a estados terroristas”, aprobada en el 2006 por la legislatura de la Florida, muestra que no hay una cláusula sobre la normalización de relaciones con el país comunista.
Para sumarse a la confusión: la ley previa de 1996 citada por la junta de gobernadores no detenía a los profesores de la facultad u otras universidades de viajar a Cuba para investigaciones cuando el país no tenía relaciones diplomáticas con Estados Unidos.
Un ex presidente del Senado de la Facultad de la FIU, que es un demandante en el litigio que desafía la ley estatal, condenó la posición de la junta de gobernadores.
“Creo que esto es extralimitarse”, dijo Thomas Breslin, profesor de FIU en política y relaciones internacionales. “Es una posición inexplicable tomada por la abogada general de la junta de gobernadores”.
Breslin, quien es aún un miembro del Senado de la Facultad de FIU, dijo que presentará este tema como un nuevo asunto, al agregar que estaba “desconcertado” de por qué la junta de gobernadores desea continuar cerrándole la puerta a los viajes universitarios de investigación a Cuba. Destacó que los programas sobre Cuba en FIU y en la Universidad de la Florida se han visto “dañados” por la prohibición de viajes.
“La junta de gobernadores debería aplaudir esta oportunidad”, dijo Breslin al Herald. “En su lugar, ellos continúan la política obstruccionista de hace 10 años de la Legislatura estatal”.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que demandó al estado a nombre del Senado de la Facultad de FIU y otros profesores universitarios en la corte federal de Miami, dijo que la junta de gobernadores ha impuesto una “barrera” para reanudar los viajes legales de investigación a Cuba, al crear un nuevo giro en la ley cuando no tiene el poder para hacerlo.
“Esto es una opinión política, no una legal”, dijo Howard Simon, director ejecutivo del capítulo de la Florida de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles. “Ahora la Junta de Gobernadores y la FIU han creado una barrera a la investigación académica donde no existía una antes”.
“Se pensaría que una de las mayores prioridades de una universidad es defender la Primera Enmienda y la libertad académica de los propios miembros de su facultad para participar en una investigación y publicar ésta”, agregó.
La Universidad de Miami (UM), una institución privada que no se vio afectada por la prohibición estatal de viajes, ha seguido patrocinando durante la pasada década viajes de la facultad a Cuba para investigación educacional, según la portavoz de UM Margot Winick. Sin embargo, como política de la escuela, no se permite a los estudiantes que vayan en esos viajes debido a que el gobierno estadounidense no tiene embajada o relaciones con La Habana, dijo Winick.
Políticamente, la prohibición estatal de viajes ha enfrentado a los profesores de las universidades públicas que buscan recuperar la libertad académica con los políticos cubanos de línea dura de Miami, quienes desean apretarle las clavijas al ex líder cubano Fidel Castro. Para todos los propósitos prácticos, los beneficios económicos para Cuba son minúsculos. Antes de que entrara en efecto en el 2006 la prohibición de viajes, el Instituto de Investigaciones Cubanas de FIU gastó $125,511 en viajes directos hacia y desde Cuba, de acuerdo con registros de la corte.
Legalmente, la prohibición de viajes de la Florida – la única ley estatal de este tipo en el país – enfrentó un gran escrutinio en las cortes federales durante la pasada década. La principal pregunta sobre la que gira este tema es si, bajo la Constitución, la ley federal está sobre la ley estatal con respecto a la política exterior hacia Cuba.
En el 2012, la Corte Suprema de EEUU mantuvo el fallo de una corte menor que prohibía a las universidades y colleges públicos de usar el dinero estatal y privado para viajes a países como Cuba, Irán, Sudán, Siria y otras naciones consideraras patrocinadoras del terrorismo. A Cuba se le colocó en 1982 en la lista terrorista de EEUU, debido a sus esfuerzos para promover la revolución armada en América Latina.
Después de la decisión de la Corte Suprema, el entonces representante federal David Rivera, un republicano por Miami que patrocinó la ley cuando estaba en la Legislatura estatal, elogió su acción al decir que era “una victoria para los contribuyentes de la Florida” quienes “no quieren que su dinero o recursos financiados públicamente se utilicen para viajes a naciones terroristas, o para enriquecer a regímenes terroristas”.
Sin embargo Simon, de la ACLU, dijo que la premisa de la ley siempre ha sido defectuosa, pues la investigación no ayuda a los países terroristas, sino que ayuda a EEUU.
“Esta investigación académica que produce información muy necesitada por Estados Unidos y el pueblo de la Florida”, dijo el miércoles Simon al Herald. “Nuestro país y nuestro estado pagarán un alto precio por otra peligrosa política de ‘esconder nuestra cabeza en la arena’”.
“Los cambios en la agricultura, la economía y la política en Cuba afectan directamente a las personas en la Florida”, agregó Simon. “El hacer que se cumpla la ignorancia no ayuda a nadie”.
