Amnistía Internacional (AI) denunció hoy que la República Dominicana expulsó ilegalmente a Haití a cientos de dominicanos que se vieron atrapados en las repatriaciones y retornos que han afectado a más de 100.000 personas en los últimos meses.
Así lo pone de manifiesto en un nuevo informe titulado «¿Dónde vamos a vivir?» Migración y apatridia en Haití y la República Dominicana», publicado un año después de que el 18 de junio de 2015 concluyese, tras 18 meses en vigor, el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE).
El documento señala «la irresponsabilidad con que los dos gobiernos están manejando la repatriación, la expulsión y el retorno ‘espontáneo’ de decenas de miles de personas a Haití», según un comunicado difundido hoy por AI.
«Desde que privaron arbitrariamente de su nacionalidad a miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana, las autoridades de la República Dominicana han creado una crisis de derechos humanos que está dejando a decenas de miles de personas en un limbo jurídico absoluto y desesperado», manifestó la directora para las Américas de AI, Erika Guevara-Rosas.
Más de 40.000 personas (entre ellas varios cientos de menores no acompañados) han sido repatriadas de la República Dominicana a Haití entre agosto de 2015 y mayo de 2016, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y las organizaciones de la sociedad civil haitianas, según AI.
Al menos otras 68.000 regresaron a Haití «espontáneamente», en muchos casos tras recibir amenazas o por el temor a sufrir persecución y violencia en la República Dominicana.
Un 85 por ciento del total dijo a la OIM que había nacido en Haití, y un 15 por ciento afirmó ser oriundo de la República Dominicana, la mayoría hijos de inmigrantes haitianos que regresaron «voluntariamente», pero que podrían tener derecho a la nacionalidad dominicana.
Según verificaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, casi 1.600 personas que tienen derecho a la nacionalidad dominicana han sido expulsadas ilegalmente del país.
Unas 2.000 personas viven desde agosto de 2015 en seis campamentos improvisados cerca de la localidad fronteriza de Anse-à-Pitres, en el sur de Haití, sin acceso a comida, agua, instalaciones de higiene o atención médica.
Durante varios meses, las autoridades haitianas no asumieron el liderazgo para encontrar una solución y, hasta mediados de febrero de 2016, no se estableció un plan para reubicar a todas las familias en las zonas que ellas mismas eligieran, agregaron.
Para AI, las «escasas mejoras introducidas por la República Dominicana en la manera de llevar a cabo las repatriaciones, como evitar las repatriaciones colectivas y asegurarse de que no se realizan repatriaciones de noche, no bastan para garantizar la protección de los derechos de las personas afectadas».
Además, a ninguna de las personas entrevistadas por AI le entregaron una orden de repatriación, no les dieron la oportunidad de impugnar su legalidad ante los tribunales ni les ofrecieron asistencia judicial.
En septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana resolvió que los niños nacidos de padres extranjeros indocumentados en el país desde 1929 no habían tenido nunca derecho a la nacionalidad dominicana, sentencia que, afirmaron, constituía «una privación retroactiva, arbitraria y discriminatoria de la nacionalidad.»
Tras expirar el plan de regularización el 18 de junio de 2015, las autoridades dominicanas dijeron que no expulsarían a ninguna persona que pudiera demostrar que había nacido en la República Dominicana, que cada caso se evaluaría individualmente y que se cribaría a las personas nacidas en el país y se las protegería de la expulsión.
Sin embargo, denunciaron que cientos de dominicanos de ascendencia haitiana y apátridas se han visto atrapados en una oleada continua de expulsiones y repatriaciones, y no existen mecanismos formales que permitan a los expulsados erróneamente ser readmitidos formalmente en República Dominicana y pedir reparación.
Además, las autoridades de Haití no cuentan con mecanismos para hacerse cargo de los dominicanos de ascendencia haitiana que han sido expulsadas o han llegado al país, incluidos los apátridas.
Guevara-Rosas instó a las autoridades dominicanas recién elegidas a emprender «acciones urgentes para abordar esta crisis y a detener de inmediato las expulsiones ilegales de personas nacidas en el país asegurándose de que todas las repatriaciones de indocumentados se llevan a cabo de acuerdo con el derecho internacional».
Además, «deben restituir su nacionalidad a las decenas de miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana que se han visto privadas arbitrariamente de ella», concluyó.
