El título tiene trampa. Cierto. En realidad el subinspector de los Mossos d’Esquadra, Josep Ranea, no lleva ya seis años imputado por los delitos de colaboración con asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho y revelación de secretos solo por quedarse, presuntamente, con unas cuantas magdalenas de la máquina de vending de la comisaría de Vilanova i la Geltrú.
También está acusado de haber exigido una playstation a un presunto camello y de hacer gestiones para al gerente del club náutico de Vilanova, así como para confidentes y presuntos delincuentes, a los que también habría facilitado información policial reservada, a cambio de dinero.
Es cierto que el caso no se basa solo en unas cuantas magdalenas, pero como en la presunta apropiación indebida de las citadas magdalenas, los entonces responsables de la Dirección de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos fundamentaron las acusaciones contra Ranea a partir del contenido de unas llamadas telefónicas.
Ranea fue detenido en octubre del 2010, en el marco de la denominada operación Macedonia que desde entonces mantiene abierta el titular del juzgado de instrucción número uno de Barcelona, Joaquín Aguirre. Tras dos meses en prisión sin fianza y un año suspendido de empleo y sueldo, Ranea regresó a los Mossos.
En todos estos años ha tenido tiempo de investigar por su cuenta la misma trama de la que se le acusa ser miembro, y de dedicar todas las noches de insomnio a escuchar una y otra vez, y transcribir las conversaciones que le fueron intervenidas.
El año pasado, Ranea presentó al juez una denuncia contra el anterior jefe de la División de Asuntos Internos de su propio cuerpo y pidió que se tuvieran en cuenta 36 conversaciones que no fueron transcritas ni tenidas en cuenta durante la investigación y que, siempre según Ranea y su defensa, fueron “mutiladas intencionadamente” por sus compañeros con la única finalidad de sustentar las acusaciones.
El juez se tomó su tiempo, 14 meses exactamente para redactar un auto en el que se desestima la denuncia. El magistrado Aguirre recuerda que ya es conocedor de la causa porque ha escuchado “la mayor parte (si no todas) de las conversaciones telefónicas (…) y que puede decir con conocimiento de causa que son intrascendentes”. Tras el auto, Ranea presentó esta semana un recurso en la Audiencia de Barcelona.
Hace cinco años que este subinspector ruega y casi suplica al juez, al fiscal Emilio Sánchez Ulled, y en su momento a los anteriores mandos políticos y policiales de los Mossos d’Esquadra que se negaron siquiera a recibirle, que escucharan las conversaciones que no incluyó la DAI en sus atestados.
A diferencia del criterio del juez Aguirre, para Ranea y su abogado, José María Fusté Fabra, esas llamadas no solo no son intrascendentes, sino que ayudan a entender cada una de las conversaciones que el subinspector mantuvo en esos tiempos, cuando era el número dos de la comisaría de Vilanova i la Geltrú, y dirigía junto a la inspectora Rosa Gubianes la policía catalana en la comarca del Garraf.
En el auto de prisión de Ranea, y a partir de los atestados de la DAI, se dio por bueno que el sospechoso colaboraba con un grupo de narcotraficantes que decidieron comprar una playstation al subinspector, a cambio de algún favor que no se especifica en las diligencias.
En once de las 33 llamadas telefónicas que el juez Aguirre ha considerado que no era necesario transcribir e incorporar a la causa, se entiende que Ranea, más bien sus tres hijos, tenían una playstation que se averió. En una conversación con un confidente, este comenta que conoce a un amigo que arregla esas máquinas a buen precio, y Ranea se la entrega.
En otras conversaciones, el subinspector de los mossos exige al confidente que le devuelva su maquina y sus cables, que la quiere, esté o no reparada.
El caso de las magdalenas parece hasta ridículo sino fuera que Ranea, tras ser detenido en su lugar de trabajo y esposado, estuvo cinco días incomunicado en una celda de la comisaría de Sant Andreu, donde sus compañeros de Asuntos Internos no le permitieron ducharse hasta el último día.
Tampoco autorizaron que se le entregara una muda de ropa, por su condición de incomunicado. La DAI acusó a Ranea de quedarse con la magdalenas, que guardaba en su despacho de la comisaría. Las llamadas que la DAI “ocultó”, siempre según el recurso de la defensa, aclaran que el sospechoso se encargaba de controlar la existencia de víveres en la comisaría para los detenidos, además de los agentes que prestaban allí su servicio.
Y de esa circunstancia eran conocedoras tanto la inspectora Gubianes, como el resto de mossos que trabajaban en esas dependencias policiales. Independientemente de que a Ranea le pudieran gustar más o menos las magdalenas, que, desde entonces, no ha vuelto a probar.
En cuanto a los delitos de revelación de secretos y asociación ilícita, la DAI dio por hecho a través de conversaciones telefónicas, que Ranea facilitó datos policiales reservados de interés a cambio de mil euros mensuales, a una organización de presuntos traficantes. Asuntos Internos no tuvo en cuenta que tras esas reuniones, que Ranea siempre justificó como contactos con confidentes, informó de los mismos por teléfono a sus responsables policiales más inmediatas, la ya citada inspectora Gubianes y la comisaría Cristina Manresa.
