América Latina necesita un cambio cultural para combatir la corrupción

EFE
Tegucigalpa

América Latina muestra significativos avances en el combate a la corrupción, pero requiere de un cambio cultural en la sociedad y promover el derecho de acceso a la información pública, alertaron ayer expertos reunidos en Honduras.

Funcionarios y especialistas de 13 países latinoamericanos y España participan en la XI Conferencia de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, inaugurada este jueves por su presidente, el chileno José Luis Santa María.

América Latina ha «avanzado mucho» en la lucha contra la corrupción, pero sin un cambio cultural en la sociedad los esfuerzos de los Gobiernos no se ven reflejados, dijo a Efe el español Ignacio Soleto, representante de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Publicas (FIIAPP).

Destacó que si bien los países latinoamericanos han aprobado «mecanismos más sofisticados y más eficaces» en el combate contra la corrupción, el problema radica en que no se ponen en práctica.

«Pueden hacer leyes, pero estas leyes tienen que llevarse a la práctica» para hacer frente de manera efectiva a la lucha contra este flagelo, subrayó Soleto.

El experto español insistió en que América Latina ha hecho «muchas reformas» para erradicar «esta lacra» que, en su opinión, «es uno de los grandes problemas» que enfrenta la región, ya que «daña mucho la credibilidad de las instituciones y la democracia».

No obstante, señaló que en la región existe «una mayor sensibilidad» para prevenir la corrupción y perseguir ese delito, pero considera que las instituciones deben «trabajar en un ciclo completo» para combatir de una vez por todas a este flagelo.

«Soy optimista y estas reuniones demuestran que hay una gran voluntad por parte de los Gobiernos de invertir en estas políticas para luchar contra la corrupción, porque la ciudadanía ya no aguanta más este tipo de comportamiento que tanto daño hace», enfatizó.

La corrupción también está «dañando la posibilidad de que los ciudadanos se convenzan de que hay que pagar impuestos para financiar los servicios públicos», señaló el español, quien reconoce que la lucha contra este flagelo «no es fácil».

Para ello, dijo, se requiere «cambiar la mentalidad» de la sociedad y la «buena voluntad» de los Gobiernos en el combate de «este tipo de maraña».

La sociedad civil debe «presionar» a los Gobiernos para que «se conciencie y digan esto se acabo», apuntó Soleto, aunque considera que todos deben «poner su granito de arena para evitar que esta lacra siga avanzando».

A ello se suma la necesidad de concienciar a la ciudadanía sobre la obligación de reivindicar el derecho a acceder a la información pública, así como promover un cambio cultural, dijo a Efe Gabriel Delpiazzo, director de la Unidad de Acceso a la Información Pública de Uruguay (UAIP).

«El trabajo es muy fuerte, hay que lograr un cambio cultural tanto en los funcionarios como en la gente, (para que) entiendan que la información que está en poder de los organismos públicos ya no es un activo de propiedad de la institución, es propiedad de todos», subrayó.

El director de la UAIP reconoció que «los cambios culturales» no se logran de un día para otro, aunque destacó que América Latina ha avanzado «significativamente» en esa lucha tras aprobar leyes de acceso a la información pública que reconocen el derecho fundamental al acceso de la información.

«La transparencia y el derecho de acceso a la información busca prevenir que se den las condiciones para la corrupción, porque cuando hay un ambiente de transparencia habrán menos espacios para que se den actos de corrupción, al menos, a nivel público», explicó Delpiazzo.

El funcionario uruguayo señaló que no hay un país que no tenga problemas en esta materia, y aseguró que la participación de la sociedad civil y la construcción de instituciones fuertes del Gobierno, son factores claves para terminar con la corrupción.

En el evento, que concluirá el viernes, participan expertos de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú y Uruguay.




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