Los líderes de la Unión Europea (UE) alcanzaron una “posición común” sobre un acuerdo para resolver la crisis migratoria que propondrán al primer ministro turco, Ahemt Davutoglu, hoy viernes por la mañana.
Los 28 debían ponerse de acuerdo sobre el plan presentado hace diez días y que convierte a Turquía en el elemento central de la respuesta europea a la peor crisis migratoria en décadas. Pero el precio de la cooperación de Ankara es elevado para la UE.
El bloque debería hacer concesiones a Turquía haciendo caso omiso a la situación de los derechos fundamentales en ese país.
“Acuerdo sobre una posición UE, el presidente del Consejo [Donald Tusk] la presentará al primer ministro turco [Ahmed Davutoglu]” el viernes antes de que se reanude la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE, tuiteó el primer ministro luxemburgués, Xavier Bettel.
Un alto funcionario de la UE matizó sin embargo el resultado de la reunión de los 28. “No hay un acuerdo formal” en la UE sino “una posición común” con las “líneas rojas” de cada uno.
Esta posición la llevará Tusk ante el primer ministro turco el viernes para finalizar un acuerdo. Esta posición “será discutida con Turquía, y no puedo garantizar que haya una conclusión positiva”, dijo el presidente francés, FranÁois Hollande, luego de la reunión. Tusk se reunirá hoy viernes con Davutoglu.
En el encuentro también participará el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Antes de partir, Davutoglu dijo que Turquía hizo “una propuesta clara y honesta a la UE” que continúa sobre la mesa.
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UNA PROPUESTA QUE SORPRENDIÓ
La propuesta de Ankara de hace diez días sorprendió al bloque, que desde hace meses busca su cooperación para frenar las llegadas, que en 2015 alcanzaron un millón de personas y que en lo que va del año ya suman más de 150,000. Ankara propuso aceptar en su territorio a todos los migrantes, incluidos los solicitantes de asilo, que lleguen a las islas griegas, lo que plantea numerosos interrogantes y valió a las capitales europeas una advertencia de la ONU, que señaló como ilegales “posibles expulsiones colectivas y arbitrarias”.
