La sentencia de 17 años de cárcel dictada contra un supuesto opositor venezolano por el homicidio de una periodista durante las manifestaciones antigubernamentales del año antepasado será apelada, anunció hoy la fiscal general del país, Luisa Ortega, por considerar que la pena debe ser mayor.
«El Ministerio Público apelará decisión del tribunal que condenó a 17 años de prisión a Yonny Bolívar, por la muerte de Adriana Urquiola», escribió Ortega en la red social Twitter.
Urquiola, una intérprete de señas del canal privado caraqueño Venevisión, fue una de las 43 víctimas mortales de hechos violentos vinculados a «La Salida», estrategia de lucha callejera que un sector de las oposición al presidente Nicolás Maduro ejecutó durante el primer semestre de 2014.
La profesional de 28 años murió tiroteada cuando descendía de un vehículo del transporte público junto a otros pasajeros que fue impedido de circular por la instalación de una «guarimba» (barricada).
El acusado de disparar desde la barricada el 23 de marzo de 2014 contra Urquiola y contra Rosalba Pérez, herida levemente, fue detenido tres meses después en Colombia y extraditado a Venezuela.
El presidente venezolano denunció entonces supuestos vínculos entre una persona «de confianza» del apresado alcalde caraqueño opositor Antonio Ledezma y el acusado.
«Ya instruí a los fiscales a apelar la sentencia y que pidan una pena más alta, acorde a la gravedad de los delitos y así hacer justicia», escribió la fiscal en un mensaje adicional en Twitter.
El Tribunal VII de Juicio del Área Metropolitana de Caracas condenó a Bolívar la víspera a 17 años, un mes y 20 días de prisión por «homicidio calificado con alevosía por motivos innobles» y «homicidio en grado de frustración».
También por «uso indebido y posesión ilícita de arma de fuego», todo lo cual, según la fiscal general, debe ser castigado con la pena de reclusión mayor, que en Venezuela es de 30 años de cárcel.
El juicio contra el alcalde Ledezma, a su vez, aún no ha comenzado y el Tribunal de la causa fijó este viernes para el 15 de febrero la audiencia preliminar donde se deben formalizar los cargos en su contra, supuestamente por conspiración contra el Gobierno.
La Fiscalía dijo en abril del año pasado que el caso de Ledezma también guarda relación con el de los activistas Lorent Gómez Saleh y Gabriel Vallés, expulsados de Colombia en septiembre de 2014 por presunta vinculación con planes conspirativos contra Maduro atribuidos al expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010).
El abogado de Ledezma, José Fernando Núñez, recordó que la audiencia preliminar de su defendido ha sido pospuesta en diez ocasiones, lo que constituye, remarcó, «una estafa procesal».
