La pobreza energética se ha erigido en estos últimos años en uno de los problemas más recurrentes con los que se topan las entidades sociales que atienden a las familias en riesgo de exclusión social. Aunque el baile de cifras de afectados entre la Administración y las entidades sociales no ha cesado, unos y otros han aceptado como válido el indicador económico del llamado «10%».
Esto es, que una persona está en esta situación si destina más del 10% de sus ingresos a pagar facturas de suministros de energía y mantener su hogar en unas condiciones adecuadas de temperatura —según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 21 grados centígrados en el salón y 18 en los demás espacios del hogar—.
Sin embargo, la ONG ABD (Asociación Bienestar y Desarrollo) ha hecho su propio diagnóstico con las familias que asiste y ha alertado de que este indicador económico, por sí solo, no muestra una fotografía real del número de afectados.
En base a este único criterio, el 63% de los hogares atendidos por la entidad en 2014 en el área metropolitana de Barcelona sufre pobreza energética.
Sin embargo, al aplicar medidores sociales propios, como pedir ayuda para pagar facturas o haber sufrido cortes de suministros, la cifra de pobres energéticos atendidos por ABD en el área metropolitana se eleva al 75,6%.
La cifra de pobres energéticos atendidos por ABD en el área metropolitana se eleva al 75,6%.
La ONG ha constatado, a través del Termómetro de Exclusión Social, que unas 14.000 personas del área metropolitana sufren pobreza energética. Son usuarios de la entidad que, o bien dedican más del 10% de los ingresos familiares a pagar facturas, o bien cumplen alguno de estos aspectos: piden ayuda para abonar las deudas de suministros, han sufrido cortes de luz, no pueden calentar su vivienda o reconocen que habrían encendido más tiempo la calefacción si pudiesen hacer frente al pago del suministro.
El indicador de pobreza energética económica sólo tiene en cuenta los ingresos de la unidad familiar y los gastos en energía, pero una familia puede reducir estos gastos hasta minimizar su impacto en los ingresos familiares y no por ello no está en situación de pobreza energética. A veces no gasta el 10% de sus ingresos porque no enciende la calefacción», ha explicado la directora de ABD, Àngels Guiteras.
La ONG ha optado por sumar indicadores sociales al medidor económico para «paliar las carencias del índice del 10% y visibilizar población que no cumplía con el requisito económico», ha apuntado Ariadna Fitó, responsable del informe. «La diferencia entre utilizar sólo el índice del 10% y añadir los indicadores sociales es de 12 puntos porcentuales.
Esto no es extrapolable a todo Cataluña pero está claro que si añadimos el índice social aumentaría la población afectada porque afloraría un porcentaje que no se visibiliza hasta ahora», ha apostillado Fitó.
Según el Termómetro de Exclusión Social, de los 14.000 usuarios de ABD que sufren pobreza energética en el área metropolitana de Barcelona, el 52% ha tenido dificultades para pagar facturas, el 14% las ha dejado de pagar directamente y alrededor del 6% de los hogares han sufrido cortes de suministros energéticos.
El 88% de los hogares donde hay pobreza energética residen menores de 16 años
La entidad también ha detectado que en el 88% de los hogares donde hay pobreza energética residen menores de 16 años y han alertado de que esto puede afectar a su desarrollo y a su salud. El perfil de pobres energéticos responde a familias monoparentales (madres solas con hijos), inmigrantes y jóvenes. Además, señala la entidad, el 31% de sus usuarios viven en hogares «energéticamente ineficientes».
