La Policía ha detenido a 22 personas por defraudar a la hacienda pública y a la Seguridad Social más de medio millón de euros mediante prestaciones y subvenciones fraudulentas por desempleo o la simulación de contratos para obtener permisos de residencia.
Según informa la Jefatura Superior de Policía de Madrid, veinte de los detenidos son supuestos empleados que nunca llegaron a desarrollar ningún trabajo y los otros dos responsables de la empresa, el administrador y el gestor.
Diecinueve de los arrestados son presuntos responsables de delitos de fraude a la hacienda pública y la Seguridad Social y los tres restantes de delitos de falsedad documental.
La empresa -cuyo objetos social era «el transporte de cargas y pasajeros en el país y en el extranjero; construcción de redes eléctricas y telecomunicaciones»- operaba desde 2005 y cesó su actividad en julio de 2015, periodo en el que dio de alta a 72 trabajadores sin que haya podido acreditar actividad laboral real alguna
Los agentes detectaron que la empresa tenía una importante deuda con la Seguridad Social, más de 370.000 euros, y que desde 2004 a 2013 no había depositado las cuentas en el Registro Mercantil ni tenía acreditada actividad económica alguna.
Asimismo, averiguaron que había 32 trabajadores vinculados a la misma y que, tras la contratación y despido de la referida empresa, habían percibido alguna prestación o subsidio económico sin tener derecho a ello.
Los dos responsables captaban ellos mismos a los «empleados» o a través de intermediarios y les exigían a varios de ellos diversas cantidades de dinero mensualmente, entre 180 y 350 euros, para que les dieran de alta en la Seguridad Social sin que realmente llegasen a realizar actividad laboral alguna.
Estas personas buscaban o bien lograr el tiempo necesario de cotización para en el futuro cobrar una prestación de desempleo, o bien acreditar un contrato de trabajo para solicitar permisos de residencia o la reagrupación de familiares.
El gestor de la empresa llegó a dar de alta a su propia madre en la empresa de 2011 a 2013, por lo que llegó a cobrar unos 5.000 euros por una relación laboral simulada, ya que esta mujer llevaba 19 años sin trabajar.
