EFE /Ginebra
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) denunció ayer que en las últimas semanas se está produciendo una rápida escalada de ataques contra defensores de los derechos humanos y cualquiera que realice acciones consideradas de oposición política o social en Venezuela.
Esta situación, agregó, es el reflejo de «una serie de medidas del Gobierno venezolano que han significado ceder soberanía en favor de organizaciones criminales”. La organización, que vela por el respeto de la independencia de la judicatura a nivel internacional y desde la perspectiva de la sociedad civil, presentó ayer en Ginebra un nuevo informe sobre Venezuela.
Bajo el título El ocaso del Estado de Derecho, el informe afirma que en el país sudamericano se está viviendo «una vertiginosa degradación de los derechos humanos y un grave y sistemático menoscabo de la independencia e imparcialidad del Poder Judicial”.
Asimismo, lamenta la «total erosión del Estado de Derecho en Venezuela” y pide una «reacción” de la comunidad internacional en defensa del derecho internacional.
Según la CIJ, la falta de independencia «de la justicia en general” se debe en primer lugar a la inexistencia de estabilidad en sus puestos para la gran mayoría de jueces y para prácticamente todos los fiscales.
Crisis institucional
Fiscal Franklin Nieves, que denunció que el opositor venezolano Leopoldo López fue condenado con pruebas falsas, dijo que la orden de enjuiciarlo fue dada por el presidente Nicolás Maduro para sacarlo del «juego político”.
Cabello El presidente del Parlamento afirmó que el exfiscal Franklin Nieves fue pagado por Leopoldo López.
