El expresidente de Honduras Zelaya, dice delitos cometidos tras el golpe en su contra «no prescriben»

EFE
Tegucigalpa

El expresidente de Honduras Manuel Zelaya dijo ayer que los presuntos delitos cometidos tras el golpe de Estado en su contra el 28 de junio de 2009 «no prescriben», en respuesta a la Corte Penal Internacional (CPI), que el miércoles descartó que entonces se hayan producido crímenes de lesa humanidad.

«No eximí de responsabilidad criminales de golpe de Estado, esos delitos no prescriben, no se engañen solos», indicó Zelaya a través de la red social Twitter.

Zelaya fue derrocado y expulsado del país en junio de 2009, cuando promovía reformas constitucionales desoyendo impedimentos legales.

El golpe de Estado en su contra fue calificado como «sucesión constitucional» por el Parlamento hondureño, que designó en su lugar, para que cumpliera los siete meses que le restaban a Zelaya de sus cuatro años de Gobierno a Roberto Micheletti, quien entonces presidía el Poder Legislativo.

El miércoles, la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, anunció en Bruselas que cerraba el examen preliminar abierto a Honduras tras descartar que se produjeran en el país centroamericano crímenes de lesa humanidad meses después del golpe de Estado de 2009.

«Tras un exhaustivo análisis factual y legal de la información disponible determino que, en este momento, no se han satisfecho los requisitos legales del estatuto de Roma para pedir autorización a los jueces de la CPI para que abran una investigación sobre la situación en Honduras», declaró Bensouda en un comunicado.

Al respecto, Micheletti, cuyo gobierno de facto no fue reconocido por la comunidad internacional, que aisló a Honduras tras el golpe de Estado, dijo hoy a periodistas que agradecía «a Dios» por la resolución de la CPI.

Agregó que estos acontecimientos «le dan a uno la tranquilidad y la serenidad que debe de tener un hombre o un grupo de personas que actuaron bajo la responsabilidad y tratando de respetar los derechos de los demás».

La CPI había abierto en octubre de 2011 una «investigación preliminar» para determinar si hubo crímenes que entren dentro de su competencia en el golpe de Estado contra Manuel Zelaya.

Micheletti señaló además que a los «comunistas arrepentidos» les «encanta cuando los organismos internacionales dan votos en contra de una persona», pero que cuando surgen respuestas como la de la CPI «empiezan a juzgar diciendo que estos organismos no sirven para nada».

Señaló además que cuando ejerció el poder, en su gobierno trataron «de ser lo más responsables» en todos las acciones que ejecutaron.

Tras la resolución de la CPI, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) instó hoy a no dejar de investigar los crímenes derivados del golpe de Estado en Honduras de 2009.

En un comunicado, la FIDH y sus organizaciones miembros en Honduras, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), lamentaron «profundamente» la decisión del alto tribunal de la ONU, con sede en La Haya.

Zelaya, quien había llegado al poder el 27 de enero de 2006 bajo la bandera del conservador Partido Liberal, ahora es líder de la bancada del partido Libertad y Refundación (LIBRE) en el Parlamento hondureño.

El nuevo partido es la primera fuerza de oposición en el parlamento hondureño con una treintena de los 128 diputados que tiene el legislativo, en el que tienen representación siete partidos políticos.




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