Ricardo Andrés, de 7 años, estuvo extraviado durante hora y media en El Valle hasta que funcionarios policiales lo hallaron en un callejón. Allí fue llevado por tres adolescentes pues el niño estaba siendo víctima de acoso.
La falta de respuestas efectivas de las instituciones alarma a los padres cuando se ven involucrados en una situación de bullying.
Aunque la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopna) no regula ninguno de los tipos de acoso escolar de forma expresa, establece que niños y jóvenes son sujetos de derecho con deberes y responsabilidades y pueden ser enjuiciados en los tribunales penales y resultar condenados.
José Betancourt, supervisor jefe de la División de Relaciones Comunitarias de la Policía de Miranda, explicó que cuando se presenta una situación de hostigamiento o abuso entre menores de edad en alguna institución educativa de la jurisdicción los directores o docentes les envían un oficio solicitando el apoyo de los funcionarios policiales.
Esto permite a los agentes acudir al plantel y realizar un taller informativo, en el que a veces participan los padres y representantes, y donde se plantean las causas y consecuencias del acoso escolar.
«En los casos de acoso avanzado, cuando los padres acuden a nosotros, pedimos apoyo al Consejo de Protección de Niños y Adolescentes y se levanta un expediente en presencia de los representantes de ambos jóvenes, el acosador y la víctima, y se deja claro que el primero puede ser objeto de una sanción legal si sigue incurriendo en actos de hostigamiento», explica Betancourt.
Aunque no hay sanción tipificada en la ley, explica que se pueden establecer medidas cautelares, la realización de alguna acción de servicio comunitario u otro tipo de actividad que decida la fiscalía de menores.
Betancourt precisa que después que se realizan los talleres se hace un seguimiento en el plantel y los directores señalan que algunos estudiantes cambian su conducta pues se dan cuenta de las sanciones.
El supervisor jefe de la División de Relaciones Comunitarias de la Policía de Miranda hace un llamado a los directores y docentes para que identifiquen tempranamente las situaciones que desencadenan la violencia escolar.
Debería haber comunicación constante, abordar el tema en el salón, convocar a los representantes y generar acciones en conjunto».
Si las condiciones de los cuerpos policiales lo permitieran, plantea que sería ideal retomar la figura de la policía escolar, pues la presencia de un funcionario uniformado en las instalaciones de los planteles frenaría la ejecución de actos de violencia escolar.
