España, suspendida en formación de trabajadores y empleados
España sigue teniendo el doble de universitarios que la media de la Unión Europea, pero presenta malos resultados en calificaciones intermedias, solo un 23% frente al 49% de la media europea y al 53% de Alemania, gracias en este último caso a su magnífico sistema de formación inicial dual, que permite a los estudiantes hacer prácticas casi desde el principio de los estudios en las empresas, lo que mejora sustancialmente su ingreso en el mundo laboral después de estudiar.
Tras abandonar las aulas, la brecha entre lo que necesitan las empresas y lo que ofrecen los trabajadores tampoco se reduce.
Hasta tal punto tenemos deberes que hacer en esta materia que esta misma semana la OCDE ha advertido a España, en boca del director de su departamento de Educación, Andreas Schleicher, de la necesidad de «mejorar el nivel de competencias de los españoles y optimizar su formación en el puesto de trabajo para fomentar el crecimiento inclusivo y la innovación».
Un informe de la mencionada organización multilateral concluye que España debe duplicar sus esfuerzos con objeto de asegurarse que los jóvenes españoles adquieren y gozan de las competencias necesarias para tener éxito en el ámbito socioeconómico, por no mencionar los 10 millones de adultos escasamente cualificados que aún hay en nuestro país.
El reto está claro y la pregunta es qué se ha hecho en España en los últimos años en materia de formación, tanto de trabajadores como de parados.
El Gobierno aprobó en marzo un real decreto para cambiar la normativa sobre la formación para el empleo, entre otras cosas como reacción a los escándalos de desvío de fondos de la formación sucedidos en Andalucía.
Las valoraciones sobre la eficacia de estos cambios son dispares entre los agentes sociales y el Gobierno.
Entre las novedades figura un cambio en el modelo de formación subvencionada de los trabajadores, que se gestionaba hasta ahora a través de la Fundación Tripartita en la que están presentes a partes iguales sindicatos, patronales mayoritarias y la Administración, pero que cambiará su composición y su nombre, con mayoría estatal, a partir de la entrada en vigor de la nueva normativa.
Además, en el nuevo sistema los agentes sociales perderán la mayoría en el órgano de gobierno, no recibirán ningún fondo destinado a cursos de formación y dejarán de formar parte del órgano colegiado que supervisa la concesión de las subvenciones que, otro de los cambios, se adjudicarán por método de libre concurrencia directamente entre los centros de formación, sin intermediación de sindicatos ni patronales.
