El presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó extender el estado de excepción a otros 10 municipios fronterizos con Colombia, a casi un mes del inicio de la operación contra el contrabando que implicó el cierre de varios pasos entre ambos territorios.
«He decidido, y quiero informarlo, activar las zonas número 4, 5, 6 y 7 de la Misión Nueva Frontera de Paz», dijo el mandatario durante su programa de televisión En contacto con Maduro.
El mandatario anunció que se activaba «de manera inmediata» el estado de excepción y «los planes especiales», aunque sin detallar si se trata de un cierre de nuevos pasos fronterizos en municipios de los estados Apure y Zulia, donde ya había cerrado el cruce de Paraguachón y enviado 3.000 militares a reforzar la zona el pasado 7 de setiembre.
En Táchira, localidad también fronteriza con Colombia, ya había 5.000 militares desplegados en zonas de seguridad desde mediados de agosto, cuando se inició el cierre unilateral de la frontera.
En concreto, la decisión implica la intervención en todos los municipios fronterizos de los estados Táchira, Zulia y Apure. De la zona limítrofe con Colombia, solo falta declarar en estado de excepción el estado de Amazonas.
El presidente indicó que decidió activar el estado de excepción y los planes especiales en la zona número 4 que correspondería a los municipios zulianos Jesús Enrique Lozada, Rosario de Perijá, Machiques de Perijá y la Cañada Urdaneta.
Asimismo, anunció la intervención de la zona 5, que corresponde a los municipios también zulianos Jesús María Semprún, Catatumbo y Colón.
«Igualmente, estado Apure (…) zona número 6 que activo de manera inmediata con el estado de excepción revolucionaria para restablecer el derecho a la paz, para la tranquilidad y la prosperidad en el municipio Páez», indicó.
Agregó que en la zona número 7, también de Apure, se intervienen los municipios Rómulo Gallegos y Pedro Camejo «que terminan de cubrir el mapa de decisiones necesarias para seguir avanzando todos los días en la restitución de la paz, en la construcción de una nueva frontera, es lo que quiero».
Señaló que dio instrucciones al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, para reforzar la presencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana «a todo nivel», con el Ejército, la Armada, la policía militarizada, la Aviación Militar Bolivariana, «tomando todas las medidas de previsión para evitar provocaciones de aquel lado».
Según la norma del país, el decreto de estado de excepción permite a las autoridades ejecutar registros para investigar ilícitos contra «las personas, su vida, integridad, libertad o patrimonio», así como delitos relacionados con la «Seguridad de la Nación», el «orden socioeconómico», la identidad y el «orden migratorio».
Con este marco legal también se señalan restricciones al tránsito de mercancías y bienes, por lo que las autoridades pueden revisar equipajes y vehículos y todo lo anterior podrá realizarse «sin la necesidad de una orden judicial previa».
Maduro anunció el 19 de agosto el cierre fronterizo en seis municipios del occidental estado Táchira tras denunciar el ataque de supuestos paramilitares colombianos contra militares venezolanos y un civil y dos días después decretó el estado de excepción en esa zona.
Hasta ayer las medidas regían en 10 municipios del Táchira y tres del Zulia, su vecino por el norte.
La decisión la tomó Maduro para tratar de luchar «contra el hampa y el contrabando» en esta frontera y levantó el malestar de Colombia, país al que responsabiliza en parte por esta situación, a tal punto que el conflicto bilateral escaló cuando ambas cancillerías llamaron a consultas a sus embajadores en medio de acusaciones de violaciones de los derechos humanos de los afectados.
Desde el inicio de la crisis fronteriza, al menos 1.482 colombianos han sido expulsados de Venezuela y unos 19.952 más han abandonado el país caribeño ante el temor de ser expulsados, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.219 kilómetros, en la que denuncian la actividad de grupos irregulares que lucran con el contrabando de combustible y otros productos altamente subsidiados por el gobierno venezolano.
F. El Observador.
