Los homicidios y las extorsiones constituyen dos tentáculos del fenómeno de la violencia que atormenta a los salvadoreños y que el Gobierno se ha propuesto erradicar con la participación de todos los sectores de la sociedad.
En los últimos meses, los asesinatos aumentaron hasta llegar en ocasiones a más de 20 diarios, pero de acuerdo con las autoridades, «la mayoría de muertos son miembros de las mismas estructuras (pandillas)” por pugnas internas o disputas territoriales con el bando contrario.
Otros muertos son los delincuentes que sucumben en enfrentamientos con la Policía o los grupos de tarea del Ejército que apoyan en las labores contra la violencia. El incremento se produce cuando por vez primera un gobierno salvadoreño presenta un plan integral de combate a la inseguridad que contempla medidas de represión, reinserción social y prevención del delito.
El plan emanado del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia, comenzó a ponerse en práctica en los municipios con mayor índice de criminalidad como Ciudad Delgado.
Nunca antes un gobierno salvadoreño había tenido en cuenta la prevención y la reinserción de los delincuentes que forman parte de las pandillas o maras, en especial los jóvenes.
Sólo la represión, como el plan Mano Dura impuesto por el expresidente Francisco Flores (1999-2004) -quien está en prisión domiciliaria bajo cargos de corrupción- y el Súper Mano Dura, por Antonio Saca (2004-2009), pretendieron cambiar la extrema criminalidad en esta nación. Y es que las pandillas en El Salvador, conocidas como maras, tuvieron su auge en la década de 1990, con la llegada de miles de inmigrantes ilegales que vivían en Estados Unidos, entre ellos integrantes de pandillas. Los gobiernos de Arena no sólo los admitieron, sino que no les crearon las condiciones estructurales para que se reinsertaran a la sociedad.
Ahora, el segundo gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) tiene en cuenta estos dos elementos, y trabaja en acciones como el despliegue de la Policía Comunitaria, la investigación criminal efectiva y la creación de nuevas leyes, entre otras, para combatir el flagelo.
Al mismo tiempo, impulsa programas de carácter social, y que son política de Estado desde el mandato de Mauricio Funes (2009-2014), para devolver a muchas personas el derecho a ser iguales. Entre esas medidas sobresale el paquete escolar, que provee gratuitamente uniformes, útiles y zapatos a los estudiantes de primaria hasta bachillerato, y los paquetes agrícolas, entre otras.
Causas de fondo
Lo cierto es que las causas de este incremento abrupto de la violencia tienen más de fondo, y van más allá de la rivalidad de las pandillas o el enfrentamiento entre ellas o dentro de ellas.
Para políticos, analistas y organizaciones sociales, detrás está la mano de sectores de la derecha oligárquica que buscan crear un estado de incertidumbre en la población, generar miedo y desconfianza hacia el gobierno de Salvador Sánchez Cerén.
Recientemente, el secretario general del FMLN, Medardo González, denunció que grupos criminales en el país tienen una conexión directa con el partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
«Tenemos pruebas en donde líderes de la derecha salvadoreña realizan reuniones clandestinas con las cabezas de las pandillas, para provocar zozobra, miedo y desestabilización en el pueblo salvadoreño”, dijo en una entrevista con el canal de noticias Telesur. Sin embargo, el Gobierno aseguró que mantendrá el plan de acción. (PL)
El Salvador crisis
Pandillas La Sala de lo Constitucional de El Salvador otorgó un «estatus de actor político” a las pandillas al considerarlas «grupos terroristas” en una reciente resolución.
Estadística El Instituto de Medicina Legal de El Salvador reveló que el país registra en lo que va del año 3.992 asesinatos, y que podría cerrar el mes con 4.000, una tendencia que, de continuar, haría del 2015 el año más violento del siglo XXI en el país centroamericano.
Masacre El fiscal general Luis Martínez reveló que el asesinato de 14 miembros de una pandilla fue una venganza.
