Agencias /México DF
A poco más de un mes de que se cumpla un año de la desaparición de 43 estudiantes en México, los expertos internacionales acreditados para inspeccionar el caso criticaron en una rueda de prensa que el Gobierno no les permite entrevistar a soldados del batallón de la zona del crimen.
«Se nos dice que podemos plantear preguntas, pero no hacerlas directamente ni estar en la declaración de los militares”, explicó el especialista español en atención a víctimas Carlos Beristain, en el diario El País.
El argumento del Gobierno, añadió el abogado chileno Francisco Cox, es que las entrevistas directas a militares «pondrían en riesgo la legalidad de la investigación”.
Sin embargo, sí se les permitió ese tipo de encuentro con policías, con testigos e incluso con inculpados procesados por el conocido como caso Iguala, por el nombre del lugar de los hechos, un municipio de Guerrero, un estado al sur de México pobre y con graves problemas de criminalidad y corrupción.
Los especialistas, nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el visto bueno del Gobierno de México, decidieron no entregar un cuestionario de preguntas, alternativa a las entrevistas planteada por las autoridades.
Los expertos dieron cuenta de la pérdida de videos tomados por cámaras de vigilancia en el Palacio de Justicia de Iguala, lo que entorpece el caso.
