Un juez federal neoyorquino impuso una serie de sanciones a Argentina ayer porque, según el magistrado, el país sudamericano se ha negado a entregar información sobre sus bienes en Estados Unidos a fondos de cobertura estadounidenses que le exigen millones de dólares y le reclaman esos datos desde hace años.
El juez Thomas Griesa declaró que cualquier propiedad argentina en Estados Unidos, excepto diplomática y militar, será considerada de uso comercial, lo que facilita las cosas a los fondos de cobertura interesados en embargar activos argentinos.
El magistrado también dijo que Argentina tiene 10 días para presentar una lista de documentos que el país ha entregado a los abogados de la firma Cleary Gottlieb Steen and Hamilton y que están protegidos por el privilegio de confidencialidad entre abogado y cliente. Si no entrega el registro, se le quitará ese privilegio de confidencialidad.
La firma representa a Argentina en el caso judicial que se lleva a cabo en Nueva York y a través del cual fondos como NML Capital Ltd y Aurelius Capital Management exigen millones de dólares al país luego de que éste se declaró en mora de pagos en 2001.
Argentina reestructuró esos bonos de cese de pagos en 2005 y 2010 y casi la totalidad de los acreedores aceptaron una importante reducción en el capital por títulos nuevos.
Pero en 2008 otro grupo pequeño de inversionistas compró títulos de deuda que habían quedado en cese de pagos. La compra se hizo a bajo precio y automáticamente reclamaron ante la justicia estadounidense el 100% de su valor, por lo que Argentina califica a estos fondos de cobertura como «buitres».
Griesa falló en 2012 que si Argentina paga intereses a acreedores que sí reestructuraron entonces también debe pagar los casi 1.500 millones de dólares que debe a los fondos de cobertura estadounidenses. El dictamen se basó en el principio de «pari passu» o tratamiento equitativo. El gobierno argentino se ha negado a cumplir la decisión del juez.
Durante una audiencia de más de tres horas el miércoles, Griesa escuchó los argumentos de ambas partes aunque claramente se decantó a favor de los fondos de cobertura. Declaró que sus reclamos son razonables y lógicos y que Argentina debe cumplir con ellos debido a una orden de la corte del 2013 a su favor en relación a la petición de información.
«Recuerde que la razón por la que estamos en esta sala, en el 2015, es porque Argentina no ha cumplido con sus obligaciones a la hora de pagar. Quiero que tenga usted eso en mente mientras expone sus argumentos», dijo el juez al abogado Carmine Boccuzzi, que representa a Argentina.
Robert Cohen, abogado para NML, pidió sanciones más duras desde el principio de la audiencia, que incluían declarar a todos los bienes argentinos en Estados Unidos como comerciales y también declarar a tres entidades, el Banco Central de la República Argentina y las petroleras YPF y Enarsa, como «alter egos» de Argentina, es decir, como controladas por el gobierno argentino. El abogado también pidió al juez que se prohibiera a Argentina argumentar lo contrario y que se la obligara a renunciar a los privilegios entre cliente y abogado.
Cohen señaló que NML ha usado investigadores y terceras partes para descubrir propiedades argentinas en Estados Unidos después de que Argentina se negara repetidamente a entregar información sobre esto al fondo. «No nos queda otra opción que seguir buscando esos bienes. No vamos a parar», declaró.
Argentina argumentó, entre otras cosas, que el pedido de los fondos de cobertura abarca demasiado y que debería limitarse a bienes específicos que no sean ni diplomáticos ni militares. Los abogados del país sudamericano también dijeron ante el juez que no tienen ninguna lista ofrecida por Argentina sobre bienes comerciales del país en Estados Unidos.
Jonathan Blackman, otro abogado de Argentina, dijo a Griesa que declarar toda propiedad argentina en Estados Unidos como comercial contradeciría órdenes previas de otras cortes. Habló, por ejemplo, de una orden de una corte en California que declaró que NML no podía embargar los derechos de Argentina a lanzar dos satélites al espacio porque éstos no eran de uso comercial, sino científico.
Después de más de una hora de pausa, Griesa retornó a la sala y anunció las sanciones, que resultaron más suaves que las que habían pedido los fondos de cobertura.
