El expresidente Carlos Menem adujo un agravamiento de su estado de salud para justificar su ausencia ayer en la primera audiencia del juicio oral que lo tiene como uno de los acusados por las irregularidades en la investigación del atentado contra el centro judío AMIA en 1994.
Menem, de 85 años, presentó a través de su defensa un certificado médico a los jueces del tribunal federal, pero como éste no era legible fue uno de sus abogados, Omar Daer, quien informó que su cliente «se encuentra en reposo» por problemas de salud como «hipertensión, diabetes, esclerosis y artrosis».
Este es el segundo juicio por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita de Argentina (AMIA) ocurrido el 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos.
En 2004 un tribunal absolvió a una decena de policías argentinos acusados de participar en el ataque debido a las irregularidades cometidas durante la investigación a cargo del entonces juez federal Juan José Galeano.
Galeano, quien asumió la investigación horas después del atentado, es juzgado desde este jueves junto a Menem, actualmente senador, y otros 11 acusados como partícipe de una maniobra de encubrimiento para desviar la investigación, entro otros delitos.
También serán juzgados dos ex fiscales federales, un ex jefe de inteligencia, ex comisarios de la policía, un líder judío y un mecánico que entregó la camioneta que estalló frente a la AMIA.
«Pasaron 21 años y realmente no hemos tenido nada, sabemos lo mismo que a una semana del atentado, por eso realmente yo les pido que aprovechen el espacio para hablar, es el momento y el lugar, ustedes encubrieron y éste es el lugar para que hable», dijo a periodistas Adriana Reisfeld, hermana de una de las víctimas del ataque.
La causa AMIA es considerada por la mayoría de los argentinos un símbolo de impunidad y corrupción ya que a más de dos décadas del ataque no hay condenados ni detenidos.
Aunque la justicia argentina ha dado por acreditado que el grupo fundamentalista islámico Jezbola fue el responsable del atentado con apoyo de Irán, persisten las dudas sobre la complicidad de Siria y de ciudadanos argentinos.
En esta primera audiencia, la fiscalía leyó la acusación formal en la que se plantea que el ex juez Galeano, por presión de Menem, dejó de investigar la pista que involucraba al ciudadano sirio-libanés Alberto Kanoore Edul, detenido al descubrirse que había llamado a Carlos Telleldín, el último propietario de la camioneta, días antes del atentado.
Kanoore Edul, cuyo padre tenía relación con la familia Menem que también era originaria de Siria, tenía en su agenda al entonces agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires Moshen Rabbani, sobre quien pesa una alerta roja de Interpol por su supuesta participación en el atentado.
En entrevista con AP Galeano negó haber recibido una orden de Menem y explicó que investigó a Kanoore Edul pero no encontró pruebas suficientes para procesarlo.
El otro eje del juicio es el pago de 400.000 dólares a Telleldín para que revelara a quiénes había entregado la camioneta. Según la investigación el pago lo negoció Galeano con el guiño del gobierno, ya que el dinero provino de la Secretaria de Inteligencia del Estado.
Tras recibir el dinero Telleldín declaró que había entregado la camioneta a policías de la provincia de Buenos Aires, que luego fueron absueltos al descubrirse la maniobra. Uno de esos policías, Juan José Ribelli, dejó la fuerza y se recibió de abogado. En el juicio es uno de los querellantes y también representa legalmente al resto de sus ex compañeros de fuerza que estuvieron detenidos.
Durante más de diez años la causa por irregularidades en la investigación estuvo a cargo del fiscal Alberto Nisman, quien apareció muerto en circunstancias dudosas a fines de enero tras presentar una denuncia contra la presidenta Cristina Fernández por supuesto encubrimiento de los sospechosos iraníes del atentado mediante la firma de un acuerdo de cooperación judicial con Irán.
La presidenta Fernández figura en la lista de más de 140 testigos que declararán durante el proceso, cuya sentencia está prevista para 2016.
Menem y Galeano se exponen a penas de tres a 15 años de prisión. El ex mandatario, que ha enfrentado otros juicios en los últimos años, no irá a prisión si es condenado debido a que tiene fueros como senador.
