SANTO DOMINGO (PL).- El obispo de la Diócesis de La Vega, monseñor Antonio Camilo, opinó que los políticos engañaron al pueblo dominicano al anular la ley que declaraba a Loma Miranda parque nacional.
Hay que revisar cada contrato que hagan los políticos, alertó el obispo que lideró junto a otros religiosos, representantes de movimientos sociales y ecologistas una masiva protesta a 120 kilómetros al noroeste de esta capital.
Insistió en que los defensores de la biodiversidad en ese paraje deben mantener la lucha de una manera pacífica, hasta lograr el objetivo de preservar las bondades naturales que garantiza Loma Miranda.
Como pastor no puedo permitir que los lobos devoren a las ovejas, y no somos pastores asalariados, sino que servimos a Dios y al pueblo, dijo y reiteró que no permitirán que una multinacional actúe por encima de la voluntad popular.
En la protesta, realizada en el parque Duarte frente a la catedral de La Vega, el prelado instó a la multinacional minera Falcondo a abandonar el país e irse a Canadá, donde tienen inmensa cantidad de terreno para explotar.
En el acto el senador vegano Euclides Sánchez llamó al presidente dominicano, Danilo Medina, a escuchar la voz del pueblo y consideró que fue injusto observar la ley porqueâ��»sólo escuchó a los mercaderes».
Después de la concentración en el parque Duarte, los grupos ecologistas y comunitarios acompañaron al sacerdote Rogelio Cruz y otros activistas en una marcha por las calles de La Vega, capital de la provincia del mismo nombre.
Sin embargo, igual suerte no tuvieron otros grupos que repudian el veto a la ley que convertía a Loma Miranda en parque nacional y una marcha organizada por la opositora coalición Convergencia no pudo llegar al palacio presidencial.
El grupo fue interceptado por la policía y tuvo que gritar sus consignas contra el Gobierno desde una esquina, a un centenar de metros de la puerta principal del palacio nacional.
Aún así entonó canciones alegóricas a la Revolución de Abril de 1965 y el Himno Nacional Dominicano mientras lamentaba el veto presidencial a la controvertida ley.
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