Unas horas antes de que se cumpla el segundo aniversario del accidente ferroviario del Alvia de Santiago de Compostela varias decenas de heridos y familiares de fallecidos se han dado cita este jueves en la plaza compostelana del Obradoiro. «Indignación» es la palabra que mejor resumen su estado de ánimo. «Reivindicación» es su objetivo.
Unos pocos lloran, pero la mayoría sólo trasmite rabia. Han llegado a la capital de Galicia para transmitir un mensaje claro: «exigimos verdad, justicia y responsabilidades políticas». Y se las exigen al PP, PSOE, Adif y Renfe, a quienes ven, cada uno en su rama, con alguna responsabilidad en el descarrilamiento en el que fallecieron 80 personas y más de 140 quedaron heridas en las vías de Angrois.o
«Dos años después, la situación está igual que al principio, pero más indignados». Así hablaba días antes de este segundo aniversario Marité Fernández, hija y cuñada de fallecidos y hermana de uno de los heridos más graves. Con sus palabras resume el sentir general de buena parte de las víctimas. Transcurridos dos años, sienten que la causa judicial abierta para aclarar el siniestro está «estancada» y denuncian un «trato humillante» del Gobierno, de los partidos mayoritarios y de algunas instituciones.
Esa ‘indignación’ de los perjudicados se alimenta en dos focos principales, el político y el judicial. En este último, Arturo Domínguez, vocal de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, que agrupa a la mayoría de víctimas y familiares, denuncia que desde que en junio del año 2014 un nuevo juez instructor asumió la investigación -Andrés Lago Louro- el caso «sigue parado y sin ninguna esperanza de que se aclare la verdad».
El maquinista del Alvia, Francisco José Garzón Amo, es actualmente el único imputado en la causa por su imprudencia al conducir el tren con exceso de velocidad, pues el accidente se produjo cuando, tras recibir una llamada en su teléfono corporativo, se despistó, circulaba a 199 kilómetros por hora en un tramo limitado a 80 y acabó descarrilando a 179. Ninguna de las partes personadas en la causa discrepan de esa imputación, pero las víctimas creen que «no es el único responsable» y piden la imputación de los responsables públicos de la gestión de la seguridad ferroviaria.
