RD-SANTO DMINGO-La mujer embarazada podrá solicitar la interrupción de embarazo dentro de las primeras doce semanas de gestación cuando este haya sido causado por una violación sexual o incesto.
Así lo establece el artículo 64 del proyecto de ley que promueve la salud sexual y reproductiva de la mujer, pero que pone como condicionantes para la interrupción: haber recibido información sobre el procedimiento a realizar y los programas sociales ofrecidos a las embarazadas por instituciones públicas o privadas y transcurrido un plazo de al menos tres días, desde la información ya mencionada.
Según la iniciativa, que se conocería hoy en la Cámara de Diputados, el embarazo podrá ser detenido por causas médicas, siempre y cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada y que se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida, entre otras.
“La interrupción del embarazo no podrá ser realizada sin la participación de un médico especialista o bajo su supervisión directa, llevada a cabo en un centro de salud pública o privada acreditado y con el consentimiento expreso y por escrito de la mujer embarazada, o de su representante legal, si la mujer sufre de alguna discapacidad mental”, reseña.
El artículo 85 expresa que la interrupción del embarazo practicada sin el consentimiento de la mujer será sancionada con la pena de diez a quince años de reclusión y multa de cien mil a doscientos mil pesos.
Diversidad sexual
La pieza de la autoría del diputado del Movimiento de Moda, Cristian Paredes, habla también de la discriminación por razón de la sexualidad de las personas.
Al respecto expresa que constituye discriminación por razón de la sexualidad toda acción o conducta realizada por el personal médico o institucional, en el contexto de la atención en salud, ejercidas mediante actos de naturaleza física, verbal, psicológica o a través de la intimidación, persecución o humillación, dirigidos a las personas por motivos de su orientación sexual o identidad de género.
Esos actos serían sancionados con penas de uno a dos años de prisión menor, multa de uno a dos salarios, y el cierre temporal por un período no mayor de tres años, o definitivo, del establecimiento comercial o la instalación directa o indirectamente envuelta en la infracción.
La pieza se refiere también a la diversidad sexual, reconociendo las diferentes expresiones de la sexualidad y la existencia de variadas orientaciones sexuales e identidades de género.
Objetivo del proyecto
La legislación tiene por objeto establecer el marco jurídico para la garantía y el pleno ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, a través de la regulación de políticas públicas dirigidas a la prevención y atención de la salud sexual y la salud reproductiva, así como al establecimiento de sanciones ante su violación.
El Ministerio de Salud deberá proceder con el diseño revisión y/o actualización de normas y protocolos que regulen el efectivo diagnóstico detección y la atención a la violencia en sus diferentes tipos.
Debate
Ayer en un comunicado la Red de Abogados Católicos criticó ese anteproyecto, porque entendía que promovía el matrimonio entre personas de un mismo sexo. La respuesta no se hizo esperar del congresista Cristian Paredes, quien aclaró que ninguno de sus artículos versa sobre el particular.
Manifestó que la comisión de la Cámara Baja que estudió el mismo dio un informe favorable, pero que previamente fue consensuado con los ministerios de Salud Pública, de Educación, Educación Superior y otros sectores sociales.
Evangélicos también se oponen al proyecto de ley
El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) y el Grupo Acción Cristiana manifestaron que el proyecto pretende convertir al Estado en el promotor del inicio temprano de las relaciones sexuales por parte de la niñez y la adolescencia. El presidente de Codue, reverendo Fidel Lorenzo Merán, expresó que el proyecto promueve la cultura de la muerte, porque garantiza el aborto en niños, niñas y adolescentes. De su parte, José Alberto Ortiz, vocero del Grupo Acción Cristiana, dijo que una discusión que culminó en diciembre con la promulgación del Código Penal y que está a la espera de una decisión del Tribunal Constitucional no puede ser retomada, violando los principios de la democracia.
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