El jueves, la subsecretaria estadounidense para América Latina, Roberta Jacobson, quien visitó Quito en noviembre, escribió en su cuenta de Twitter: «Llamado al gob. de #Ecuador para que respete la libertad de expresión y la #libertaddeprensa como derechos democráticos fundamentales».
El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, expresó que el mensaje es «ofensivo para el Ecuador» y añadió que Estados Unidos «no tiene ninguna autoridad moral» para formular esos llamados mientras realice ataques con drones o mantenga cárceles como la de Guantánamo.
«Yo no sé si sea una decisión del secretario de Estado, una decisión del gobierno que le haya dicho a la señora que ponga un tuit de esa naturaleza, que es ofensivo para el Ecuador, no tiene ninguna autoridad moral», comentó Patiño en conferencia de prensa.
Washington ha criticado en otras ocasiones los controles que impuso a la prensa el gobierno de Rafael Correa a través de una ley de comunicación -llamada ley mordaza por sus críticos- que surgió de una consulta popular.
Amparado en esa normativa, el gobierno ha impulsado rectificaciones o sanciones económicas contra caricaturistas y medios impresos y de televisión.
En un comunicado difundido después de las declaraciones de Patiño, la cancillería de Ecuador afirmó que considera el «derecho a la comunicación y a la información como un derecho integral y no como la defensa a los medios de comunicación hegemónicos».
Correa, quien acusa a un sector de la prensa de ser su mayor opositor, ha defendido la ley como un freno a los abusos de los medios.
Quito también pidió a Estados Unidos en su mensaje suspender «violaciones a los derechos humanos», entre las que mencionó ejecuciones extrajudiciales, asesinatos selectivos con drones, tortura en centros de detención, espionaje masivo, pena de muerte, entre otras.
Desde la llegada al poder del izquierdista Rafael Correa en 2007, Quito y Washington también han tenido controversias por decisiones del mandatario como la de forzar la salida de militares estadounidenses asignados a la embajada en Quito por considerar injustificado y desproporcionado su número.
En diciembre de 2013, Ecuador puso fin a las actividades de la agencia de cooperación estadounidense Usaid, acusada de financiar a la oposición y que cerró su oficina el 30 de setiembre, mientras que Washington retiró al personal que colabora en la lucha antinarcóticos por decisión propia.
Pese a ello, los dos países mantienen relaciones diplomáticas y comerciales.
