El ministro de Hacienda de Paraguay, Santiago Peña, dijo ayer que su país tiene un nivel de infraestructura «similar al que tiene Haití», y criticó al Senado por aprobar modificar la ley de alianza público privada, el proyecto estrella del Gobierno para fomentar la inversión privada en obras de interés público.
«Paraguay tiene hoy una infraestructura similar a la que tiene Haití, somos el segundo país con mayor atraso en obras de infraestructura» de América Latina, declaró en rueda de prensa Peña, acompañado de otros seis ministros del Ejecutivo de Horacio Cartes.
Peña consideró que el país «está sufriendo las consecuencias» de que el Senado aprobara la semana pasada una modificación de la ley de alianza público privada (APP), promulgada en 2013 para habilitar la participación de empresas privadas en la construcción y gestión de obras y servicios públicos.
Hasta la semana pasada, el texto concedía al Ejecutivo la potestad de aprobar los proyectos contemplados, pero las alteraciones sancionadas el jueves por el Senado permitirían que el Congreso estudie y autorice la ejecución de los proyectos amparados por esa ley.
Las modificaciones deberán ser ahora discutidas en la Cámara de Diputados, donde el Gobierno del presidente Horacio Cartes cuenta con mayoría.
«Hoy el daño ya está hecho, y estamos sufriendo las consecuencias de la decisión que tomó una de las cámaras del Congreso que le agrega incertidumbre a los inversionistas», destacó Peña en la sede principal del Ministerio.
Peña aseguró que el Gobierno pedirá a la Cámara de Diputados que rechace el texto del Senado, y aseguró que cuando eso ocurra y vuelva a la Cámara alta, el Ejecutivo argumentara por qué no le parece adecuada la modificación.
Según el ministro, la modificación llevada a cabo por los legisladores «daña» la confianza en el país y provoca «un retroceso» en el impulso al desarrollo de obras viales y de servicio público.
Bajo el marco de la ley de Alianza Público Privada, el Gobierno de Cartes, que asumió en agosto de 2013, pretende lograr una inversión de 1.000 millones de dólares en desarrollo de carreteras, puentes y otras infraestructuras públicas a lo largo de su mandato.
La oposición de izquierdas, representada por el Frente Guasú y los movimientos sociales formados por campesinos, piden que la ley se elimine porque la consideran «una privatización encubierta» de recursos públicos.
