Cuando llegaron a mitad del siglo XX fueron la panacea, pero en la agricultura duró poco. A más plaguicidas más plagas.
Aquello fue la calamidad del “control químico exclusivo”. Pronto se supo de sus daños a la salud y al medio ambiente. La entomología respondió con lo supervisado, luego propuso el Manejo Integrado de Plagas (MIP): el uso de plaguicidas (insecticidas, herbicidas, fungicidas), sería limitado y complementario como última opción, cuando fueran “imprescindibles”. Siempre sería mejor no tener que utilizarlos, eran los setenta.
En los 80 aquellos conceptos entomológicos fueron a la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) en el Programa Nacional del MIP, que nacional nunca nació (1). No se previó lo que sus pioneros si (2): el MIP sería mercantilizado por los “plagueros” con el mito de la falacia de las buenas prácticas agrícolas (3).
Es la historia de una redefinición que a la JAD le toca precisar (4) dentro del Acuerdo para la Aplicación de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF), para que tengamos inocuidad alimentaria, solo entonces “cuartos para los bolsillos de los productores” sería una consigna seria , responsable, sincera, sana.
Por Moscamed, que no hay duda, será erradicada, supimos de los rechazos a nuestras exportaciones en los Estados Unidos (EE.UU). Somos el socio RD-Cafta más pobre en inocuidad alimentaria de la región de la Organización Internacional Regional Para la Salud Agropecuaria (OIRSA), los más atrasados, menos fiables y de más mala fama (BM, 2014), que aunque también es por carga bacteriana, lo más es por plaguicidas.
Otra lectura
“Los gobiernos son soberanos en la elección de los niveles de inocuidad alimentaria que consideren merecer sus habitantes”, así lo establece la Organización Mundial del Comercio (OMC, 1995).
Los Estados Unidos son más estrictos que los del Código Alimentarius (Codex) adoptados por el país “para el futuro”. Y el Ministerio de Agricultura confiesa “las leyes están dispersas, no son específicas en el ámbito de la inocuidad. No equivalen a las de nuestros socios comerciales. La credibilidad en la legislación es escasa. El desconocimiento de los análisis de riesgo es parcial o total; no se realizan . Hay escasa participación del sector privado. Las medidas de vigilancia epidemiológica se aplican sin coordinación entre las instituciones responsables” (Peralta, et al, FAO/OIRSA, San Salvador, 2014).
Lo anterior armoniza con Salud Pública. Dice la “Guía de diagnóstico y tratamiento de intoxicaciones agudas por plaguicidas 2014”, que existen pocas evidencias epidemiológicas de intoxicaciones por plaguicidas, pero advierte que: vista la ley 311- 68 del Ministerio de Agricultura, existe una amplia gama de esos productos, algunos extremadamente tóxicos que llegan a ser un grave problema por la escasa regulación, falta de vigilancia, incumplimiento de normas y poco acceso a la información.
Recientemente se decidió pesquisar en RD por estas intoxicaciones: las tasas de incidencia de enfermedades agudas y muertes en la región OIRSA (sub-región OPS/OMS centroamericana, la nuestra) y las mismas muestran un aumento progresivo desde 1992, en 2,000 las agudas fueron 19.5%; las muertes 2.10% por cada 100 mil habitantes. (SP, Convenio de Rotterdam, FAO, OPS/OMS, 13 / 06 / 2014).
Añádase a lo que busca Salud Pública, comenzando por las enfermedades agudas, el largo encadenamiento que, pasando por las crónicas y sus secuelas (disrupción endocrina, cánceres, Parkinson, para citar algunas), deberá agotarse para estimar intoxicaciones y muertes totales. En 10 millones de habitantes la estadística asusta.
