La presidenta del PP madrileño y candidata a la alcaldía de la capital, Esperanza Aguirre, evitó ayer insistir en su intención de sacara las personas sin hogar de la calle contra su voluntad. “Entendemos que hay gente que no quiere ir” a albergues, admitió, y se limitó a prometer que construirá más centros “si no hay suficientes”. La alcaldesa, Ana Botella (PP), dijo después que hay plazas suficientes para las personas sin hogar en albergues o centros de ONG; y, en caso contrario, se les pagaría una habitación de hotel.
Según el último recuento oficial, de diciembre de 2014, en Madrid hay 1.905 personas sin hogar: 764 duermen al raso. La red municipal tiene 1.478 plazas, a las que en invierno se suman 543.
Aguirre prometió también: “El Samur Social se va a dedicar a ofrecer a todas estas personas la posibilidad de ir a albergues. Entendemos que hay gente que no quiere ir, pero que no sea porque no saben de su existencia”. Botella recordó que fue ella, con Alberto Ruiz-Gallardón como alcalde, quién creó el Samur Social, en junio de 2004. Este servicio atiende emergencias sociales y situaciones de vulnerabilidad o exclusión. En sus 10 primeros años, efectuó más de 333.000 actuaciones con personas sin hogar y atendió 108.000 emergencias. Tiene 150 profesionales. En 2014, sacó de la calle a 20 personas gracias a una atención continuada, con visitas cada pocos días durante todo el año, para vencer así la resistencia a los recursos públicos.
Aguirre añadió otra promesa: “Si se trata de familias, les ofreceremos las viviendas de protección social, que para eso están”. La Comunidad de Madrid (PP) vendió 2.935 pisos de alquiler social a un fondo de inversión en agosto de 2013. La operación está siendo investigada por la justicia, que ha detectado “indicios objetivos de enriquecimiento” y ha imputado a un alto cargo regional. El Ayuntamiento de la capital (PP) decidió dejar de construir vivienda protegida en 2012, y un año después vendió 1.860 pisos de alquiler social a un fondo de inversión.
Botella recordó que “la Constitución ampara que las personas sin hogar puedan estar en la calle”, enmendando así a la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa (PP), que había dicho: “Salvo que se establezca en alguna ordenanza, no se le puede prohibir a nadie que esté en la calle, ni circular”. La Constitución consagra el derecho a circular libremente, con independencia de cualquier ordenanza local. Dancausa fue edil madrileña de Asuntos Sociales entre 2007 y 2011; hace tres semanas sustituyó a Cristina Cifuentes (PP).
Este debate no es nuevo: Gallardón pidió en 2006 una modificación de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para dotar a la policía de “un instrumento legal” para trasladar a albergues a personas sin hogar, prostitutas y toxicómanos. Insistió en 2011, también en campaña electoral como ahora: “Tenemos que aprobar una ley estatal que establezca que, cuando hay recursos públicos gratuitos, sea obligatorio abandonar la vía pública”.
Aguirre, entonces presidenta regional, respondió: “No soy amiga de las prohibiciones. Hay muchos ciudadanos que consideran que se estaría mejor durmiendo en un albergue que al raso y, sin embargo, hay otros que no. Eso no quiere decir que vayamos a privarles de sus derechos”.
