La Policía Nacional, en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, han detenido en total a 37 personas e investigado a otras 31 en Córdoba, Granada, Málaga e Ibiza en una operación que se inició en 2014 tras haber destapado un entramado empresarial creado presuntamente para defraudar a la Seguridad Social. Además, se incautaron de documentación de las empresas investigadas como nóminas, contratos de trabajo, autorizaciones y diversa documentación tributaria y fiscal y cifraron el supuesto fraude en más de 120.000 euros.
Según ha informado la Policía Nacional en una nota, en el marco de esta segunda fase de la operación, los agentes han detenido a 20 personas por su supuesta participación en el entramado de otras 21 nuevas empresas, que tenían relación con el principal investigado, quien fue detenido en 2015.
Aprovechando la lucha contra el trabajo no declarado
Estas sociedades fueron creadas presuntamente para realizar falsos contratos de trabajo con el fin de que ciudadanos extranjeros regularizaran su situación administrativa en España e incluso que estos lograran acumular días cotizables al objeto de cobro fraudulento de prestaciones públicas, llegando a defraudar más de 120.000 euros.
La operación se inició a mediados de 2014, en virtud del convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para luchar contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, tras detectarse en Córdoba un matrimonio de conveniencia formado por un hombre nigeriano y una ciudadana española que utilizó un alta ficticia en una empresa dedicada al sector de la hostelería para recibir ayudas sociales.
Tras diversas pesquisas, los agentes determinaron que el cabecilla de la organización aprovechaba su condición de gestor y autorizado en el sistema RED de varias empresas para dar de alta a personas, españolas y extranjeras, a través de falsos contratos de trabajo con la finalidad de que los foráneos pudieran regularizar su situación en España, así como los españoles pudieran beneficiarse de prestaciones públicas y subsidios.
Una vez que los agentes obtuvieron indicios sólidos de que el cabecilla coordinaba esta red de mercantiles enfocada a la venta de contratos a tercera personas, llevaron a cabo la primera fase de la operación y detuvieron a a 17 personas, 16 en la provincia de Granada y una en Córdoba. Asimismo, en un registro intervinieron diversa documentación de las empresas investigadas como nóminas, contratos de trabajo, documentación tributaria, fiscal y financiera, sellos y dispositivos de almacenamiento con información relevante.
