La familia del menor que denunció por acoso sexual a la conserje del IES Juan Manuel Zafra del barrio del Clot, en Barcelona, asegura en un comunicado que ha adelantado esta mañana el programa ‘El Món a RAC1’ que el Instituto quiso silenciar el caso y tomó represalias contra el alumno y contras dos profesores que le ayudaron a denunciar ante el centro a la presunta acosadora.
La familia asegura que el 23 de marzo de 2015 contaron a la jefe de estudios del Instituto que consideraban que la conserje acosaba al menor, que entonces tenía 15 años. Incluso indicaron que tenían pruebas: los mensajes de Facebook, de Whatsapp y correos electrónicos enviados por la trabajadora, de 40 años, al menor. La respuesta del centro, según la familia, fue poner en duda las palabras del menor.
Dos días más tarde, cuando una profesora que apoyó la denuncia del alumno presentó todas las pruebas que demostrarían el acoso, la dirección habría respondido que “no podían hacer nada”. La familia también afirma que, en un encuentro posterior con el inspector de educación, la directora del IES Juan Manuel Zafra se negó a darle estas pruebas -las cartas y correos electrónicos que la presunta acosadora escribía al chico-
Represalias
En el comunicado de la familia, avanzado por RAC1, también se explica que la conserje fue al instituto de visita cuando hacía un mes y medio que la habían apartado del centro y permaneció en el centro unas tres horas.
Además, se denuncian represalias del centro contra el menor y contra los dos profesores que ayudaron a sacar a la luz la situación. Al alumno le habrían falsificado las notas como castigo, suspendiéndose una asignatura arbitrariamente; uno de los docentes está expedientado y suspendido; y la otra cogió la baja por acoso laboral por parte de algunos profesores, un asunto que también está denunciado ante Consorcio el Consorcio de Educación de Barcelona.
No obstante, este ente público aseguró ayer en otro comunicado que tanto el centro como el propio Consorcio estuvieron al lado del alumno en todo momento y actuaron “de forma inmediata para proteger al menor”. Aun así, el Consorcio no notificó el caso ni a la Fiscalía ni a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) porque “el menor no necesitaba ser protegido de su entorno familiar”.
