El Comité de Derechos Humanos de la ONU manifestó su preocupación por los posibles efectos que la recién aprobada Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) pueda tener sobre la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica.
Dicha ley, mejor conocida como Ley Mordaza, que entró en vigencia el pasado 1 de julio, requiere, entre otras disposiciones, que las autoridades aprueben llevar a cabo cualquier manifestación o protesta pacífica.
El comité manifestó su preocupación por «el uso excesivo de sanciones administrativas contenidas en la ley, las cuales excluyen la aplicación de ciertas garantías judiciales, establecidas en el Pacto» de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por España en 1977, y por cuya aplicación vela este órgano de la ONU.
En este sentido, el comité recomendó a España revisar la Ley de Seguridad Ciudadana y las reformas al Código Penal que deben introducirse para su implementación.
