Mientras EE.UU. advierte a Puerto Rico que no va a tomar medidas legislativas inmediatas para facilitarle la declaración de quiebra, los expertos calculan que la isla no volverá a registrar crecimiento económico hasta al menos el año 2020.
Según el último número de la publicación especializada Puerto Rico Economic Pulse, elaborada por la consultora H.Calero, la caída de la población y la escasez de flujo de caja fiscal «limitarán el crecimiento económico en los próximos años, rebotando de nuevo a territorio positivo para el año 2020».
En su informe, al que Efe tuvo acceso hoy, la consultora apunta que «el debate público sobre los intentos del Gobierno de reformar el sistema impositivo y las noticias de que algunas agencias están en el borde de la insolvencia» podrían intensificar aún más la ola de migración sufre la isla.
La cuestión demográfica es clave para solucionar o agravar los problemas locales, según la consultora, que recuerda el caso de Detroit, que perdió a 271.000 personas entre los años 2000 y 2014.
Según sus cálculos, en Puerto Rico se seguirá perdiendo una media del 2,3 % de la población cada año, hasta al menos 2019, cuando el retroceso podría contenerse hasta el 0,5 % anual.
Ello contribuirá a que el empleo no agrícola siga bajando hasta tocar fondo hacia 2020, cuando se habrá contraído un 15 % respecto de 2014. A partir de entonces y durante cinco años podría empezar a crecer a una tasa anual del 1,8 %.
«Al mismo tiempo la tasa de participación laboral seguirá registrando progresivamente niveles históricamente bajos», añade, para luego recuperarse ligeramente y rondar el 39,6 % en 2024, un porcentaje en cualquier caso bajísimo en comparación con otros estados de EE.UU. y con el cerca del 50 % local de 2006.
La contracción de la población también ha dado lugar a un estancamiento en los ingresos personales. De hecho, «si no fuera por el aumento de las transferencias federales, el ingreso real habría disminuido», añaden los economistas.
También ha llevado a una caída en el número de contribuyentes a Hacienda, lo que a su vez ha contribuido, junto a cambios en el sistema tributario, a que los ingresos caigan cerca del 6,8 % entre 2005 y 2014, una vez calculado el efecto de la inflación.
Otra consecuencia de la caída de la población se encuentra en el mercado inmobiliario, que lleva desde 2007 viendo caer los precios y, según la consultora, «durante la próxima década no se va a ver un cambio significativo» en este sentido, con una tasa de retroceso anual del 6 %.
Según la consultora la duración del actual ciclo económico de recesión dependerá en gran medida de que se alcance un «consenso con los acreedores, así como del alcance y nivel de reducción del tamaño del Gobierno».
«No alcanzar un equilibrio adecuado en esta ocasión aumentará aún más la oleada migratoria», aseguran los economistas y apuntan a que en los próximos meses va a ser necesaria una alta dosis de «creatividad y coraje» por parte de los gobernantes.
Este complicado panorama, así como la escasez de liquidez y la presión que supone el pago de la deuda, será expuesto el próximo lunes a los acreedores de Puerto Rico por parte del Gobierno local y sus asesores en una reunión en la sede de Citigroup, en Manhattan.
Según confirmó hoy el Gobierno, será la primera reunión que el Ejecutivo planea mantener con ellos para tratar de renegociar la devolución de la deuda de más de 72.000 millones de dólares que acumula Puerto Rico.
El líder de la oposición y representante de Puerto Rico en Washington, Pedro Pierluisi, insistió hoy en reclamar al Congreso «las mismas herramientas que tienen los estados para ajustar las deudas de sus entidades públicas bajo el Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal, así como los mismos derechos que tienen nuestros conciudadanos en los estados en los programas federales».
Sin embargo, el congresista republicano Tom Marino dijo en un comunicado que «Puerto Rico debe tomar medidas serias, oportunas y demostrables para enderezar su deriva fiscal antes de que algo se mueva legislativamente» y aclaró que no se estudia ni un rescate ni una inclusión de los municipios puertorriqueños en el Capítulo 9 de la Ley de Quiebras.
«Vamos a continuar nuestro examen diligente de la inclusión de Puerto Rico en el Capítulo 9, incluido el potencial impacto económico sobre los bonistas de EE.UU., así como en el mercado de bonos municipales», añadió.
En ese sentido, advirtió que, igual que «los problemas de Puerto Rico no aparecieron de la noche a la mañana, la solución de EE.UU. tampoco lo hará».
Su colega Bob Goodlatte añadió en otro escrito que la inclusión de los municipios no solucionaría los problemas de la isla, que «están ligados cuestiones subyacentes y estructurales» que «debe ser afrontados» antes de «cualquier posible respuesta del Congreso».
