La Audiencia de Barcelona ha condenado a penas que oscilan entre los dos y los siete a\u00f1os y medio de c\u00e1rcel a una trama de funcionarios de prisiones y polic\u00edas locales corruptos a las \u00f3rdenes de un narco. Los siete procesados, entre los que figuran dos polic\u00edas locales y dos funcionarios de prisiones, est\u00e1n acusados de intentar introducir droga en la celda de un preso para perjudicarle y de facilitar a la red informaci\u00f3n que obten\u00edan por su condici\u00f3n de agentes de la autoridad.<\/p>\n
Uno de los condenados es Manuel B., un presunto narcotraficante que est\u00e1 siendo investigado por pagar supuestamente sobornos al subinspector de la comisar\u00eda de Vilanova i la Geltr\u00fa (Barcelona) Jos\u00e9 R. a cambio de colaboraci\u00f3n. La investigaci\u00f3n del caso, conocido como \u00abMacedonia\u00bb, acab\u00f3 derivando en la imputaci\u00f3n de otros seis mossos d’esquadra, entre ellos el subinspector Antoni S., acusados de ocultar al juez indicios que vinculaban con el tr\u00e1fico de drogas a Manuel G.C., que el magistrado sit\u00faa en la c\u00faspide de la red de narcos.<\/p>\n
Las gestiones corruptas<\/p>\n
En su sentencia, la secci\u00f3n octava de la Audiencia sostiene que en agosto de 2010 el presunto narco Manuel B. contact\u00f3 con el funcionario de prisiones Alfonso C., que se encontraba de baja por enfermedad desde 2009, para que a cambio de dinero ideara un plan para introducir un paquete de droga en la celda de un interno de la c\u00e1rcel de Brians I. Con esa artima\u00f1a la red pretend\u00eda que el preso fuera privado de permisos penitenciarios y condenado por tr\u00e1fico de drogas dentro de la c\u00e1rcel, aunque la investigaci\u00f3n no ha podido constatar que se haya abierto expediente alguno al recluso por intervenci\u00f3n de estupefacientes.<\/p>\n
El funcionario Alfonso C. contact\u00f3 con los tambi\u00e9n funcionarios de prisiones Jos\u00e9 Ram\u00f3n F. -exsecretario general del sindicato CSIF en Catalu\u00f1a- y Clemente P., para que colocaran la droga aprovechando la facilidad de movimientos que les daba su trabajo, lo que el tribunal cree probado en base a las conversaciones telef\u00f3nicas intervenidas.<\/p>\n
Los agentes de la trama<\/p>\n
La sentencia condena adem\u00e1s a dos polic\u00edas locales de Badalona, (Barcelona), Javier S. y Jaime G., por cobrar 500 euros cada uno a cambio de efectuar gestiones para identificar a dos individuos a los que la red de narcos quer\u00eda localizar. Los agentes, sostiene el tribunal, \u00abefectuaron m\u00faltiples gestiones\u00bb, entre ellas entrar al sistema de identificaci\u00f3n policial para consultar datos de car\u00e1cter personal y antecedentes de varias personas, y adem\u00e1s extrajeron fichas policiales del mismo y efectuaron seguimientos y vigilancias.<\/p>\n
En uno de esos seguimientos, los procesados se hicieron pasar por polic\u00edas de inmigraci\u00f3n y mostraron fichas policiales extra\u00eddas de los ficheros del SIP a la propietaria de una panader\u00eda de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) para sacarle informaci\u00f3n sobre el paradero de las personas que intentaban encontrar, tras fingir que buscaban a un individuo peligroso. De hecho, en una entrada y registro practicada en noviembre de 2010 en el domicilio de los agentes, se encontraron dos informes con datos de las dos personas a las que les hab\u00edan encargado localizar, as\u00ed como fichas policiales con fotos de otros detenidos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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