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<\/a><\/p>\nEl Gobierno afronta el \u00faltimo periodo de sesiones completo de la legislatura con la premura de no poder abordar ya nuevos anteproyectos de ley que requieran una tramitaci\u00f3n completa y compleja. La Moncloa tiene previsto aprobar los proyectos que ya han sido vistos en una ocasi\u00f3n por el Consejo de Ministros y, sobre todo, desencallar los atascados en las Cortes, pero no impulsar nuevos con tr\u00e1mite de informes.<\/p>\n
El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dio impl\u00edcitamente por agotada la legislatura a estos efectos el pasado 26 de diciembre en su rueda de prensa, al no incluir ni una sola propuesta legislativa para los pr\u00f3ximos meses. En la anterior comparecencia de este tipo, celebrada en julio, incluy\u00f3 algunas como la reforma electoral para las municipales, que el Gobierno ha abandonado de hecho sin admitirlo p\u00fablicamente ni explicarlo.<\/p>\n
En ese calendario legislativo de fin de mandato las normas referidas a la Justicia y contra la corrupci\u00f3n copan la mayor\u00eda de leyes que saldr\u00e1n de las Cortes durante 2015. Nuevas iniciativas no tendr\u00edan garantizada la aprobaci\u00f3n, porque el siguiente periodo de sesiones ya no ser\u00eda completo. El plazo m\u00e1ximo para la disoluci\u00f3n de las Cortes es el 20 de noviembre, fecha en la que se cumplen los cuatro a\u00f1os de las elecciones generales. Si los comicios volvieran a ser en noviembre el Parlamento podr\u00eda no abrir sus puertas despu\u00e9s de verano y, por eso, el Gobierno quiere que en julio est\u00e9n aprobadas las normas. Ese apretado calendario est\u00e1 condicionado, adem\u00e1s, por las municipales y auton\u00f3micas del 24 de mayo y las probables catalanas del primer trimestre. No habr\u00e1 tampoco en oto\u00f1o Presupuestos para 2016.<\/p>\n
De hecho, algunas previstas est\u00e1n en fase de estudio y decisi\u00f3n para evitar que se queden sin aprobar. Es el caso de la reforma de la ley del aborto, limitada a establecer la obligatoriedad de consentimiento de los padres para las mujeres de entre 16 y 18 a\u00f1os. El Gobierno duda entre dos opciones: incluirlo en la Ley de Infancia y el Plan de Familia que ya est\u00e1n en tr\u00e1mite o utilizar una proposici\u00f3n de ley del Grupo Popular. La primera norma, que no menciona expresamente la interrupci\u00f3n de embarazo, fue censurada duramente por el Consejo de Estado por usar una norma de rango inferior a la ley org\u00e1nica del aborto que modifica y despu\u00e9s de que el texto ya hubiese pasado el examen de las comunidades aut\u00f3nomas y del Consejo Econ\u00f3mico y Social.<\/p>\n
En el texto remitido por el Gobierno al Consejo de Estado no figura la palabra \u201caborto\u201d ni se menciona directamente la \u00abinterrupci\u00f3n voluntaria del embarazo\u00bb. Se vale de un cambio en la redacci\u00f3n de un art\u00edculo a la hora de legislar sobre qui\u00e9n tiene la \u00faltima palabra en las intervenciones m\u00e9dicas a adolescentes: sustituye el consentimiento de los menores emancipados o mayores de 16 a\u00f1os, que figura en la norma actual, por el consentimiento de los representantes legales (los padres).<\/p>\n
Esta v\u00eda de reforma legal requiere un tr\u00e1mite m\u00e1s lento y podr\u00eda ser que materialmente no hubiera tiempo en la legislatura para aprobarlo y, adem\u00e1s, se prolongar\u00eda un debate p\u00fablico que el Gobierno no desea.<\/p>\n
Por eso, la segunda opci\u00f3n que estudia el Gobierno es que el Grupo Popular presente una proposici\u00f3n de ley directamente en el Congreso, que no pasar\u00eda por informes y que garantizar\u00eda que se aprobara antes de verano porque agilizar\u00eda los tr\u00e1mites. Esta v\u00eda no es habitual, porque se entiende que la iniciativa legislativa del grupo mayoritario est\u00e1 en manos del Gobierno. No ser\u00eda la primera vez que lo hiciera el actual Ejecutivo, porque la utiliz\u00f3 con pol\u00e9mica en 2013 para eliminar la justicia universal, en contra de todos los grupos.<\/p>\n
El grueso de las normas que saldr\u00e1n del Parlamento en este a\u00f1o tiene que ver con la Justicia y con la lucha contra la corrupci\u00f3n. Del Gobierno al Congreso ir\u00e1n en este mes de enero los proyectos de ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Org\u00e1nica del Poder Judicial, enviados ya a informe.<\/p>\n
La primera fue enviada a informes en diciembre y supone una reforma parcial de la norma del siglo XIX, renunciando al gran proyecto que intent\u00f3 abordar el Gobierno al principio de la legislatura. Ese anteproyecto est\u00e1 en fase de informe y la previsi\u00f3n del Gobierno es que llegue al Congreso en febrero, coincidiendo con la reapertura del Parlamento tras la pausa de Navidad. Las pol\u00e9micas de estas normas est\u00e1n en la limitaci\u00f3n de los plazos de instrucci\u00f3n y ampliaci\u00f3n de las intervenciones de comunicaciones sin orden judicial previa.<\/p>\n
Tambi\u00e9n en enero el Gobierno tiene previsto aprobar el proyecto de Ley Org\u00e1nica del Poder Judicial. El anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard\u00f3n, someti\u00f3 a informe un anteproyecto ambicioso que ahora quedar\u00e1 en retoques de organizaci\u00f3n de juzgados. En principio, el Ejecutivo renuncia a reducir en esa ley el n\u00famero de aforados, tal y como anunci\u00f3 el Gobierno en verano.<\/p>\n
De Justicia procede tambi\u00e9n el proyecto de Ley del Estatuto de la v\u00edctima del delito cuya tramitaci\u00f3n deber\u00e1 concluir el Senado, tras ser aprobado en diciembre en el Congreso.<\/p>\n
Antes de verano saldr\u00e1 de las Cortes el C\u00f3digo Penal, para lo que el PP agilizar\u00e1 los plazos de tramitaci\u00f3n. El jueves 8 se re\u00fane la ponencia para aprobar el texto el 20 en el pleno y remitirlo al Senado. Para eso, la mayor\u00eda absoluta del PP rechazar\u00e1 el jueves la petici\u00f3n del PSOE para frenar la tramitaci\u00f3n y solicitar informes al Poder Judicial. La oposici\u00f3n entiende que las enmiendas del PP cambian por completo el texto inicial que el Gobierno remiti\u00f3 para recabar los informes, especialmente, el cap\u00edtulo dedicado a terrorismo.<\/p>\n
En el arranque de 2015, el Congreso aprobar\u00e1 dos proyectos de ley prometidos por Rajoy hace justo dos a\u00f1os para luchar contra la corrupci\u00f3n: el de financiaci\u00f3n de partidos y el estatuto de los altos cargos. La idea del Gobierno es avanzar su tr\u00e1mite antes de que en febrero se celebre el \u00faltimo debate sobre el estado de la naci\u00f3n de la legislatura. En ese debate, el presidente del Gobierno ya no podr\u00e1 hacer nuevas propuestas de reformas legislativas por falta de tiempo material para tramitarlas.<\/p>\n
Tambi\u00e9n la ley de seguridad ciudadana est\u00e1 pendiente solo del tr\u00e1mite del Senado.<\/p>\n
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