El Consejo de Europa exige a España que vigile la explotación laboral

El organismo considera poco creíbles las bajas cifras oficiales de víctimas de trata en España

 

España ha realizado en los últimos años “avances” legislativos, institucionales y en políticas para combatir la lacra del tráfico humano, sobre todo en materia de explotación sexual. Pero no son suficientes. Todavía queda trabajo por hacer, especialmente en el ámbito del combate contra las redes de trata de personas para su explotación laboral, advierte en su nuevo informe sobre el país el Grupo de Expertos sobre la Lucha contra la Trata de Seres humanos (GRETA), del Consejo de Europa. Un problema central es la cifra oficial de víctimas de trata que se maneja en España, muy por debajo de la que se estima existe realmente, lo que tiene implicaciones tanto de cara al trato adecuado a estas personas como a la percepción de un problema probablemente muy subestimado en la sociedad española.

No son cuestiones que las autoridades españolas desconozcan. Algunas de las recomendaciones de este grupo especializado son de hecho viejas. Como la necesidad de que España adopte un plan nacional contra la trata humana laboral, que ya le plantearon los expertos cuando, en 2012 visitaron España por primera vez y, un año después, presentaron su informe. Cinco años más tarde, la creación de un “plan de acción nacional integral que incluya medidas para combatir el tráfico humano para la explotación laboral, así como otras formas de tráfico humano”, desde matrimonios o mendicidad forzosos a tráfico de órganos, sigue siendo “una prioridad”, subraya GRETA.

“Se entiende que España siga centrándose en el problema de la explotación sexual, porque es enorme”, señala la secretaria ejecutiva de GRETA, Petya Nestorova, en conversación telefónica desde Estrasburgo. “Pero no debería hacerse a expensas de la explotación laboral, que sigue siendo un fenómeno escondido”, advierte.

De hecho, la falta de visibilización de las víctimas de trata, debido ante todo a un problema de identificación de las mismas, es una de las cuestiones que más preocupan a los expertos, para quienes los datos manejados en España muestran una cifra de víctimas, con toda probabilidad, “subrepresentadas”.

Un “sorprendente” baile de cifras

Un ejemplo: en 2016, último año incluido en el informe, el número de víctimas de tráfico humano según los datos que recibió GRETA de las autoridades españolas fue de 193 personas, de ellas 148 para su explotación sexual, 25 para la explotación laboral, 15 para actividades criminales forzosas, cuatro para un matrimonio forzoso y una para mendicidad forzada. Nestorova reconoce que les “sorprendió” esa cifra tan baja, lo que se manifiesta en las dudas explícitas que incluye el informe de los expertos. En este se hace de hecho referencia una investigación de EL PAÍS el año pasado en la que se revelaba que solo en 2016, las víctimas de esclavitud —laboral o sexual— en España
Ascendía a 1.046, cuando el dato enviado a Estrasburgo es de 193 para ese año.

La distorsión se debe a que la mayor parte de estas personas, para las autoridades españolas, son consideradas víctimas de explotación laboral o sexual pero no de tráfico humano debido a que, al contrario que en países como Reino Unido, donde se aceptan pruebas más circunstanciales y los criterios de las ONG especializadas, “en España una persona es considerada víctima de trata solo si la policía tiene elementos para iniciar una investigación criminal. Necesitan un determinado nivel de pruebas”, explica Nestorova. “Y eso hace que las cifras sean muy bajas”, lamenta.

No es una mera guerra de cifras. La baja representación oficial conlleva una serie de problemas, para empezar con las víctimas mismas, “porque si no eres considerado víctima de tráfico humano, incluso si lo eres, no puedes reclamar ciertos derechos que deberías tener, como poder pedir una compensación del perpetrador”, señala Nestorova. Además, indica, las ONG que trabajan en este campo suelen necesitar mucho más personal y fondos, pero una cifra oficial baja de víctimas no ayuda a justificar esos esfuerzos. También es una cuestión de “concienciación pública” del problema, que es mucho menor cuando las cifras son tan bajas, advierte.

Una de las recomendaciones del informe a este respecto es que se reconozca oficialmente el papel de las ONG especializadas en los procesos de identificación. También se pide que se “priorice la identificación de víctimas de tráfico entre demandantes de asilo y migrantes irregulares”.

Otra medida urgente: incrementar y mejorar las inspecciones laborales, sobre todo en los sectores agrícolas y de trabajo doméstico, como medida para prevenir el tráfico para la explotación laboral, todavía tan poco identificada en el país.



Carmen Ramirez

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