Desmontando las mentiras económicas del ‘procés’ (I): la inviable Seguridad Social de Cataluña

El coste en pensiones que Cataluña quiere que España siga pagando tras la ruptura: 1.635 millones al mes

Cataluña acumula el 25% del déficit de la Seguridad Social y Barcelona es la provincia más deficitaria

Una de las principales promesas económicas de la Generalitat para justificar e impulsar su deriva independentista es que la Seguridad Social de Cataluña sería «más viable», tendría un «mayor equilibrio presupuestario» e, incluso, permitiría subir las pensiones. Sin embargo, los datos oficiales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social evidencian lo contrario, y la primera cifra que cuestiona estas afirmaciones es el saldo negativo de 4.692 millones de euros que arrojó el año pasado la Seguridad Social en Cataluña.

Este dato supone un 2,3% del Producto Interior Bruto (PIB) catalán y, proporcionalmente, supera el alarmante déficit del 1,7% del PIB de España que sufre el conjunto del sistema nacional. Además, las proyecciones que maneja el Gobierno muestran que la desviación se reducirá levemente hasta los 4.300 millones de euros en el presente año, pero en 2021 supera ya los 5.000 millones.

Y en términos de cotizaciones sociales, Cataluña aporta cerca de un 19% del total de ingresos que tiene el sistema de la Seguridad Social -cifra que está en línea con su peso en el conjunto del PIB de España-, mientras que el gasto en pensiones de las cuatro provincias alcanza un 24% del total. Por lo tanto, resulta complicado defender que los trabajadores catalanes están costeando las pensiones del resto de ciudadanos españoles.

«El punto de partida, por tanto, es significativamente peor, con un déficit real que casi quintuplica el presentado por la Generalitat de Cataluña», explican desde el Ejecutivo, al tiempo que consideran que «hay motivos suficientes para calificar su documento como un ejercicio de engaño a los ciudadanos». Por su parte, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, recordó hace una semanas que la región catalana es responsable del 25% del déficit total del sistema, a lo que añadió que «Barcelona es quizá la provincia española que tenga un mayor déficit en su sistema de la Seguridad Social».

El Gobierno catalán, en cambio, siempre señala que los cálculos del Ministerio de Empleo no son correctos, que no están bien formulados y que, por lo tanto, estas cifras son falsas. Pero aunque esto fuese así, lo que la Generalitat no dice es que en un escenario de independencia total la economía, inevitablemente, se resentiría y resultaría muy complicado no ya elevar las pensiones, sino evitar una importante reducción de sus cuantías.

«En escenarios de secesión que se han producido en las últimas décadas, el comercio se ha reducido entre un 20% y un 60%, la riqueza ha caído y, por lo tanto, la recaudación», explica Ferran Brunet, profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona. «Las pensiones, obviamente, están en peligro», advierte Brunet, que forma parte también de Societat Civil Catalana.

Esta plataforma, en los trabajos que ha realizado sobre una hipotética Seguridad Social catalana, subraya que la puesta en marcha del nuevo sistema provocaría «al menos durante una quincena de años, un gasto nunca inferior a la media europeay, probablemente, muy superior. Asimismo, «se produciría un desplazamiento inevitable de personas que opten por residir en otros territorios», lo que ahondaría en la caída de ingresos vía cotizaciones.

En suma, concluye el estudio elaborado por Societat Civil Catalana, «es más razonable pensar en un empeoramiento de la situación, un importante volumen de costes de transición, así como un aumento de la inseguridad jurídica», lo que tendría unas consecuencias «enormemente gravosas y dolorosas».

Otro de los argumentos empleados por las autoridades catalanas para defender la viabilidad del sistema es que, al menos temporalmente, el Gobierno español se tendría que hacer cargo de las pensiones catalanas. La razón que esgrimió la conseller de Trabajo, Dolors Bassa, para exponer esta posición es que los trabajadores catalanes han cotizado durante toda su carrera en España, y eso obliga a que sea este mismo país el que abona las pensiones.

El problema es que la Seguridad Social es un sistema de reparto y no de capitalización, lo que supone que el responsable de pagar las pensiones es el que recauda. En otras palabras, que la Generalitat las tendría que pagar desde el primer día de existencia de la República de Cataluña.




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